Luego de las primeras reuniones en la Comisión de Desarrollo Económico, el proyecto de ley remitido por el presidente Daniel Noboa se alimenta de temas nuevos.
Y hay uno en particular que llama la atención. Están proponiendo que los bonos certificados y los demás títulos emitidos por entidades públicas que estén en manos del Banco Central no se puedan vender. Y una cosa más, se dispone que «sólo por esta vez» todas las obligaciones de deuda pública que tiene el Ministerio de Economía con el Banco Central sean reperfiladas hasta por un plazo de 30 años.
Es decir, se propone no pagarle al Banco Central por los créditos de liquidez que entregó desde el 2009 a la banca pública y desde el 2015 al Ministerio de Finanzas no pagarle hasta dentro de 3 décadas.
Originalmente, el Banco Central entregó créditos de liquidez por un monto que llegó a los 9.071 millones de dólares, sumados los intereses, casi 10 puntos del producto interno bruto.
El cronograma establecido señala que el gobierno central debía empezar a saldar la deuda en 2021 y que los pagos se extenderían hasta el 2035. De hecho, el gobierno anterior pagó 2.500 millones de dólares entre 2021 y 2023, el 28% del total de la deuda, cuyo saldo se ubica ahora en 6.570 millones.
Ese mismo cronograma señala que en el 2024 el gobierno cancele 700 millones adicionales de esa deuda, y eso es lo que el gobierno de Daniel Noboa no quiere pagar.
Analistas económicos señalan que ese eventual no pago, que en 2025 y 2026 alcanza los 2.700 millones de dólares, equivale a tomar la plata de las reservas internacionales: puesto que es de allí que el Banco Central echó mano para prestarle al gobierno; y ese es el dinero del encaje bancario, es la plata de los GADS, del IESS, de las empresas públicas no financieras, de la cuenta corriente única.