El Gabinete -a través de una comunicado- denunció que se habría configurado “una supuesta causal de destitución del Mandatario, según el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República”.
Ese artículo es invocado en las conclusiones emitidas por la Comisión de Garantías Constitucionales en su investigación sobre el presidente Guillermo Lasso y los papeles de Pandora. Esta instancia tenía previsto presentar este sábado, 6 de noviembre del 2021, sus recomendaciones ante el Pleno de la Asamblea.
El artículo 130 numeral 2 establece que la Asamblea podrá destituir al Presidente por grave crisis política y conmoción interna. Además, en un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la Ley, el Legislativo resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el Mandatario.
El viernes pasado, la Comisión de Garantías Constitucionales concluyó que el Presidente no observó la Ley al inscribir su candidatura al relacionarlo con paraísos fiscales, “que facilitan estructuras que afectan los intereses económicos y tributarios del Estado”.
Además, resolvió que de conformidad con las facultades constitucionales de control político se apruebe una resolución del Pleno, que disponga que, en el plazo máximo de ocho días, el Presidente comparezca al Pleno para que cumpla con la entrega de la información solicitada y responda a las preguntas de todos los legisladores.
Tras la comparecencia, la Comisión analizará la información de descargo y presentará un informe al Pleno.
El Gabinete -en el comunicado- dijo que ese “grupo de asambleístas, liderado por el correísmo, elaboró un documento sin sustento legal ni argumentos lógicos, con el que pretende asegurar que se habría configurado una supuesta causal de destitución…”.
Según el asambleísta azuayo por UNES, Cristóbal Lloret, hablar de desestabilización es descabellado. “Si eso existirá, quiénes son los desestabilizadores, los periodistas que hicieron la investigación de Pandora. La Comisión recibió la información y los documentos que corroboran lo que el propio Presidente ha dicho”.
Lloret señaló que en las resoluciones se pide que la presencia del Mandatario para que responda las inquietudes y tenga su legítimo derecho a la defensa. “La revolución ciudadana solo llegará al poder nuevamente, a través de un proceso democrático. No nos interesa desestabilizar a ningún Gobierno”.
Para Lloret, si el Mandatario desea puede ir a la muerte cruzada y puede quedarse gobernando por decreto y llamar a un nuevo proceso electoral. “Estamos dispuestos, si esa la salida que puede ver el presidente Lasso de los enredos que él ha propiciado…”.
La Conaie también se pronunció. A través de un documento manifestó que “si el señor Guillermo Lasso inobservó el pacto ético aprobado en consulta popular, entonces está prohibido de ejercer su cargo público por su vinculación con empresas fantasmas establecidas en paraísos fiscales”.
Esta organización agregó que los Pandora Papers solo se suman “a una ya existente situación de crisis y conmoción social que atraviesa el Ecuador por múltiples crisis: falta de empleo, regresión en derechos laborales, inseguridad histórica, surgimiento de una nueva ola migratoria, crisis carcelaria, agresiones al sector agropecuario…”.
