Ley para recuperar lo robado entra a debate en la Asamblea

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Recuperen lo robado” es el clamor popular frente a los actos de corrupción que asfixian al país.

La tarde de ayer, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 137 legisladores presentes, conoció el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Bienes de Origen o Destino Ilícito o injustificado que, de ser aprobada, permitiría al país regresar las adquisiciones fraguadas por actos de corrupción.

El informe fue aprobado por la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo y se enfoca a declarar la extinción de dominio, tomar posesión y la administración a favor del Estado de estos bienes de origen injustificado.

Raúl Tello, presidente de esa mesa, explicó que la Ley se aplicaría fuera del ámbito penal, es decir, su naturaleza jurídica sería patrimonial, imprescriptible, autónoma y distinta a cualquier otro proceso o materia.

El legislador también se refirió a los tiempos de ejecución de esta normativa, indicando que se puede iniciar una investigación de oficio y a petición de parte para, en el máximo de un año, tener una sentencia ejecutoriada que permita atacar a los bienes mal habidos.

Debate

“Recuperemos un poco del respeto que hemos perdido los asambleístas. El que nada debe, nada teme”, fue lo que dijo la legisladora Mae Montaño, para instar a sus compañeros a defender el proyecto de Ley.

Ella criticó al Legislativo, pues cree que se le ha dado largas al tratamiento de esta Ley. Espera, además, entregarle al país esta normativa aprobada antes de finalizar el año.

Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, expuso que no se requiere de un nuevo marco legal para actuar sobre los bienes. Según dijo, el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya contempla el comiso y la incautación y que, si se aplica tal como está el proyecto de Ley, atentaría contra el principio de inocencia. Sugirió al Pleno pedir asesoría a la academia para que esta regla no pueda acarrear nulidades en los procesos.

Con esto coincidió Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC). Según dijo, existe falta de voluntad para ejecutar las incautaciones y planteó la necesidad de reducir los tiempos para que los jueces ejecutoríen las sentencias.

Invertir lo recuperado

En cambio, el legislador independiente, Héctor Muñoz, mencionó que “hay que ser lo suficientemente delincuente y corrupto para oponerse a esta Ley”. En sus observaciones a la iniciativa legal, habló de que esta deja espacios para la persecución

Defendió la propuesta para que, luego de monetizar los bienes incautados, el dinero vaya a los sectores de salud y educación. Según dijo, tiene relación con lo que establece el artículo 298 de la Constitución sobre la posibilidad de las preasignaciones de los recursos que entren al Estado.

“Considero que un proyecto de esta naturaleza es beneficioso y necesario para el país, siempre y cuando se respeten los principios universales, como el de inocencia”, aclaró.

Los asambleístas Tello y Montaño, insistieron que esta Ley no va contra las personas, sino que se centra en los bienes, pero Muñoz argumenta que “los bienes necesariamente son de las personas” e instó a que el debate se centre en mejorar los aspectos legales de la norma antes que configurar un discurso populista.

Hasta el cierre de esta edición, el Pleno continuaba analizando el proyecto de Ley, promovido por el asambleísta Fabricio Villamar.

La extinción de dominio se desarrollaría en dos fases: la patrimonial y la judicial. (I)
Fuente:www.lahora.com.ec
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