El Ministerio de Educación proyecta que al menos 100.000 nuevos alumnos ingresen al sistema fiscal, en el nuevo año lectivo del régimen Sierra-Amazonía, programado para el 1 de septiembre.
Sin detallar porcentajes, Monserrat Creamer, ministra de Educación, señaló que gran parte de los estudiantes corresponden a quienes se cambian de instituciones particulares, debido a la crisis económica que enfrenta el país a causa del Covid-19.
Estas deserciones del sistema privado preocupan a los representantes de la educación particular, señalan que muchas instituciones se verán obligadas a cerrar, ante la falta de alumnado.
‘Deber del Estado’
Pablo Ponce, gerente del colegio Johannes Kepler, señala que el exceso de regulación “mata la creatividad de los espacios privados”, que en muchos casos han llegado a acuerdos con los padres para evitar la deserción. En el caso de su unidad educativa, desde abril, bajaron el 20% del costo de las pensiones.
Pero no todos llegan a acuerdos, según Rómulo López, de la Confederación de Establecimientos Católicos del Ecuador. Durante una comparecencia en la Asamblea Nacional dijo que la Ley Humanitaria “legaliza la mora, el incumplimiento de obligaciones y hasta la irresponsabilidad de ciertos padres, que pudiendo pagar se acogen a la Ley”, mientras los establecimientos particulares tienen que garantizar el servicio sin interrupción, a pesar de la grave crisis que viven.
Los dirigentes de gremios y asociaciones de las instituciones de educación particular pidieron ante la Asamblea tener mayor autonomía, en cuanto al manejo de la crisis.
“Es importante que el Estado garantice el apoyo a los colegios particulares”, añade Ponce, quien agrega que los costos de las plataformas virtuales para la educación presencial no son iguales a las de la educación en línea; ya que han adquirido sistemas de alta tecnología para solventar las necesidades de sus estudiantes.
Si bien destaca que en su comunidad educativa la deserción ha sido mínima, no es el caso de las otras instituciones.
Algunas se ‘hunden’
En Quito, hay aproximadamente 1.500 escuelas y colegios privados. “Decenas están cerrando”, indica Ponce. Mientras que el Ministerio de Educación agrega que al momento se encuentra validando el número de establecimientos que han iniciado el proceso de cierre.
Sin una política que involucre a los particulares, la deserción en los próximos años será mayor dice Ponce. “Estamos pidiendo que la Ley Humanitaria apoye a los centros educativos. Los que mejor educación damos, sin duda alguna, somos los particulares. No le pedimos un centavo al Estado, estamos sensibles bajando las pensiones pero que nos dejen seguir adelante”.
Además, refiere que se debería garantizar al sector una línea de crédito para no quebrar. “Si el Ministerio de Educación no es más flexible, muchísimos planteles van a seguir cerrando”.
Familias no apoyan educación presencial
Nada sustituye la educación presencial indica Ponce. Sin embargo, el temor de las familias ante el virus evita que estén abiertos al retorno progresivo a las aulas.
Pese a que las instituciones ya se han adecuado para mantener el distanciamiento social, dice que no volverán hasta que no haya una vacuna y los niños y sus familias puedan estar seguros. (I)
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