Hasta siete años de cárcel para los responsables de adulterar carnés

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Una severa sanción determina la ley para los responsables de la adulteración de los carnés de discapacidad, y para las personas que sin tener esa condición, accedieron a ese documento y lo utilizaron para la importación de autos sin aranceles, mejoras en las liquidaciones laborales y otros beneficios. El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina a esta irregularidad como el delito de “falsificación y uso de documentos falsos”. La misma norma determina que “la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. Y este será el tipo de delito que se aplique para los responsables de este nuevo caso de corrupción que ha escandalizado al país, según escribió en su cuenta de Twitter la jurista Lorena Grillo. Fiscalía cuenta con información El caso está en conocimiento de la Fiscalía, luego de que el presidente del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres, pidiera una investigación la semana pasada. Torres señaló que todos los archivos relacionados con importaciones de vehículos en la época en que el Conadis tenía la competencia de acreditación de la discapacidad, están a disposición de la Fiscalía. Recordó que, desde hace siete años, “la competencia de calificación, registro y acreditación de las personas con discapacidad la realiza el Ministerio de Salud”. Sin embargo, reveló que se ha procedido al retiro de 497 carnés, emitidos por una funcionaria que no estaba acreditada para hacerlo. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), un primer monitoreo realizado al proceso a su cargo de entrega de carnés, determinó que seis funcionarios emitieron 2.281 documentos falsos. Además, se hallaron irregularidades como la calificación de discapacidades por parte de personal no calificado. En su cuenta de Twitter, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se pronunció brevemente sobre el tema. “Hoy más que nunca urge que Ecuador cuente con una Ley de Extinción de Dominio, para recuperar bienes -casas de lujo, autos de alta gama- conseguidos ilegalmente por quienes ahora están prófugos o por quienes se han aprovechado de beneficios legales para personas que los necesitan”, escribió. Este jueves 2 de julio, en audiencia realizada en Guayaquil, un juez ordenó la prisión para cinco sospechosos de tramitar carnés de discapacidad. A su vez, el Contralor del Estado, Pablo Celi, dispuso el inicio de exámenes especiales al proceso de emisión de carnés en las direcciones provinciales del Ministerio de Salud Pública, y que en el Servicio Nacional de Aduanas se examinen las importaciones realizadas por personas con discapacidad. Exoneraciones suspendidas por fraudes La primera medida anunciada por el presidente Lenín Moreno fue la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para casos sospechosos. El abogado Fabrizio García Bacigalupo considera que esto constituiría una grave violación de los derechos constitucionales de quienes en realidad tienen alguna discapacidad, que requieren de forma urgente y prioritaria la utilización de vehículos ortopédicos. Agregó que lo correcto sería hacer una auditoría integral de todos los procesos y así diferenciar quiénes tienen justa causa para solicitar la importación libre de impuestos y quiénes abusan del sistema: a los segundos deben suspenderles los procesos y sancionar conforme la ley prevé. El Ministerio de Salud debe identificar a los que cometieron ilegalidades y sancionar posibles delitos y la Aduana hacer efectivos controles posteriores, para evitar que el régimen se use para adquirir vehículos para placer y no de asistencia para personas que tengan impedimentos físicos. Carros mal adquiridos serán confiscados Los automóviles que hayan sido adquiridos con carnés de discapacidad obtenidos de forma fraudulenta, serán confiscados. Es otra de las medidas gubernamentales. El general en servicio pasivo Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional, detalla que se debe conformar un equipo de investigación con fiscales y agentes especializados en delitos aduaneros y tributarios. “Hay que empezar por la base de datos del Ministerio de Salud, encargado de otorgar los carnés, para comprobar quiénes tienen o no discapacidad”. Si existen informes y fotografías, saldrán casos muy evidentes que se pueden ir depurando. Cuando se identifique quiénes tuvieron el carné de forma fraudulenta, se conocerá si adquirieron los vehículos. En coordinación con el Servicio de Aduanas y la Agencia Nacional de Tránsito se verificará la placa y el propietario, así el carro podrá ser encontrado y confiscado. Una auditoría por la entrega de los carnés El presidente Lenín Moreno ordenó que se realice efectúe una auditoría interna al Ministerio de Salud Pública (MSP) para determinar el personal responsable que realizó la entrega fraudulenta de los documentos. La medida pretende detectar posibles mafias, pero la Cartera de Salud no debería ser la encargada. Esto debería hacerlo una veeduría, a decir de Stalin Basantes, especialista Internacional en Discapacidades. El experto reiteró que el MSP no está en capacidad de analizar “casa adentro” el problema, si se toma en cuenta que la emisión irregular de carnés es “un problema viejo”. Basantes puso como ejemplo el caso de un funcionario que, en 2018, emitió 800 credenciales, sin que hubiera mayores repercusiones de tipo penal. A eso se suman otros problemas como el escaso personal en la Dirección Nacional de Discapacidades y la falta de personal médico idóneo. Identificar responsables y sancionar La cuarta medida dispuesta por el Ejecutivo plantea que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ordene las sanciones correspondientes para el personal que incurrió en este delito. El experto en temas de discapacidades, Stalin Basantes, sostiene que, al igual que la auditoría interna, la Cartera de Salud tampoco está en condiciones de sancionar a los responsables. En ese criterio coincide Xavier Torres, presidente del Conadis, quien recordó que estos casos son constantes en Guayas y fue un hecho que ya se ha investigado. Torres aseguró que en enero de 2020 la situación fue denunciada a Catalina Andramuño, exministra de Salud, pero no hubo respuesta. Según el titular del Conadis, se insistió el 18 de febrero en una reunión que se mantuvo con el equipo de apoyo de la Ministra, donde se dispuso iniciar investigaciones, pero no se observaron resultados. Placas de los autos llevarán distintivo Otra de las decisiones tomadas para vigilar que las personas que adquieran vehículos exonerados de impuestos tengan una discapacidad o sean familiares cuidadores de ellos, es que las placas lleven un distintivo. Diario EL TELÉGRAFO consultó a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) si ya había algún plan o disposición respecto a este tema, y según fuentes oficiales ya están trabajando en esta medida. William Ayala, jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), indicó que actualmente no existe obligación o una norma para llevar un distintivo, pero algunos conductores usan un adhesivo en los parabrisas que permite identificar si el carro es conducido por alguien con alguna dificultad en su movilidad. “Pero hasta en eso hay personas inescrupulosas que usan el distintivo solo por beneficiarse de un parqueo. Por lo general sucede aquello”, dijo el funcionario. Fortalecer los instrumentos legales El Primer Mandatario dispuso también plantear reformas en los instrumentos legales, para evitar que se suscite vulneración alguna de los derechos para las personas con discapacidad. Víctor Hugo León, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Guayas, cree que no es necesario reformularlos. A su criterio, no es un problema de leyes ya que estas son muy claras. “Ecuador ha sido líder en normas de discapacidad. Perú y Argentina nos toman como ejemplo”, dijo. El Presidente reiteró que más bien es un problema de fiscalización a la política pública. León considera que el Conadis debió ejercer mayor control. “Ellos conocieron del tema en 2013. ¿Qué pasó en todo este tiempo?”, se preguntó. La Ley de Discapacidades es una de las más completas para el dirigente, pero no se cumple. Eso se observa en el incumplimiento de incluir a este colectivo en el campo laboral, por ejemplo. (I)                                                                                                                                  Fuente:www.eltelegrafo.com.ec

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