Versiones de los procesados, oficios institucionales, escritos, copias de facturas e información recabada de las computadoras intervenidas, son parte de los elementos de convicción que valoró la jueza nacional Daniella Camacho para llamar a juicio a 10 empresarios privados. Dentro del caso de corrupción denominado Sobornos 2012-2016, se los acusa de haber entregado recursos, en efectivo o a travĆ©s del cruce de facturas a cambio de asegurar la adjudicación de contratos con el Estado y los respectivos convenios de pago. Ellos son: Alberto H. de la compaƱĆa Hidalgo & Hidalgo; VĆctor F., Fopeca; Ramiro G. y Ćdgar R., Consermin S.A.; Pedro V., Equitesa S.A.; BolĆvar S., Sanrib Corporation S.A. AdemĆ”s, William Ph. Grupo Azul; Rafael C., Metco CĆa. Ltda.; Teodoro C., TGC S.A.; y Mateo Ch., SK Engineering & Constructions. En el testimonio anticipado rendido a inicios de septiembre de 2019 por la exasistente presidencial y procesada en esta causa, Laura T., eran tres altos funcionarios del Gobierno anterior los encargados de gestionar los aportes o contribuciones de los empresarios. Cada uno tenĆa una lista de empresas a las que se les habrĆa solicitado los recursos. Pero no todas fueron procesadas, por lo que de las 17 empresas que mencionó Laura T., solamente nueve llegan a la fase de juicio.
La exasesora presidencial y tambiĆ©n procesada en esta causa, Pamela M., en su testimonio anticipado rendido en septiembre pasado, dijo que el exvicepresidente Jorge G. era la persona que el presidente Rafael C., habĆa delegado para la información de los registros de los aportes. En estas condiciones recordó que Jorge G. le dijo a ella que āde la empresa Odebrecht me entregarĆan dinero las empresas Fopeca, Sanrib, Equitesa, SK, Azul e Hidalgo e Hidalgoā. AdemĆ”s, āque para ello se contactarĆa conmigo el seƱor Manuel F., de Fopeca; BolĆvar S., de Sanrib; Pedro V., de Equitesa; Mateo Ch., de SK; Alberto H., de Hidalgo & Hidalgo; y William Ph., de Azulā. āQuiero manifestar que en un par de ocasiones el ingeniero Geraldo De Souza fue a dejar los dineros que habĆan indicado que entregarĆa. Lo hizo en compaƱĆa de quien dijo era su jefe, el seƱor JosĆ© Santosā, relató. Desde la Presidencia se dirigĆa
El procurador del Estado, ĆƱigo Salvador, en su calidad de acusador particular en este caso, dijo que la estructura delictiva fue diseƱada, dirigida y utilizada desde la propia Presidencia de la RepĆŗblica, usando sus instalaciones y recursos, con la intervención de funcionarios de rangos alto y medio. Estos utilizaron cuatro dependencias del Estado para canalizar y administrar los sobornos: la Vicepresidencia de la RepĆŗblica, Ministerio Coordinador de los Sectores EstratĆ©gicos, Ministerio de Transporte y Obras PĆŗblicas y la SecretarĆa Nacional del Agua Senagua. (I)
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