Consejero del Cpccs, David Rosero, libre de culpa por ataque y resistencia

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Luego de casi media hora de deliberación, el Tribunal de Juzgamiento integrado por los jueces Marco Antonio Rodríguez (ponente), Iván Saquicela y Daniella Camacho, emitió su resolución oral sobre la situación jurídica del vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Daniel Rosero y los exdirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE): Jaime Villacís y José Landeta.

Ellos estaban procesados por el delito de ataque y resistencia debido a los hechos registrados el 18 de mayo de 2015 en Ibarra, donde hubo enfrentamientos con la fuerza pública durante un allanamiento al Fondo del Magisterio.

Dos días de audiencia de juicio bastaron para que los magistrados dictaminaran el estado de inocencia de las tres personas, procesados durante el régimen de Rafael Correa.

Tras valorar las pruebas de cargo y de descargo, el juez Rodríguez indicó que la conducta de Villacís y Landeta no se adecuó a lo que estipula el inciso primero del artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el ataque y resistencia. En lo que tuvo que ver con Rosero, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo por considerar que el consejero del Cpccs se encontraba en la sede de la UNE  de Imbabura por una coincidencia y que no participó en los hechos de violencia registrados esa tarde y noche.

El Tribunal de la Sala Penal acogió los argumentos de las defensas, que hicieron notar falencias en la orden de allanamiento, calificándola de “ilegítima y arbitraria”. Los abogados de los acusados, Carlos Poveda y Ciro Guzmán, agregaron que lo que se dio ahí fue un derecho a la resistencia para evitar que los fondos del Magisterio pasen a la administración del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Agregaron además que el régimen de Correa utilizó la Justicia penal para un “acto irregular administrativo”. A criterio del Tribunal, la prueba evacuada en la audiencia de juicio no logró configurar el ataque y resistencia en relación a ninguno de los procesados.

Rodríguez agregó que los hechos de mayo de 2015, corresponden a “actos de protesta” por una orden de allanamiento con “serias falencias de forma y de fondo” y que además “se transgredió el principio de mínima intervención penal”. Los magistrados también levantaron las medidas cautelares de carácter real y personal que pesaban sobre Rosero y los exdirectivos de la UNE.

Antecedentes
Por disposición del Ejecutivo, en 2015, 405 millones de dólares del Fondo de Cesantía del Magisterio pasaron a ser administrados por el Biess.

Pese a que el actual Gobierno devolvió al gremio de maestros la administración de estos dineros, el abogado Guzmán aseguró que el Estado debería reparar al Magisterio, pues según señaló, cuatro años después de 2015 el organismo registró una pérdida de 100 millones. (I)

 

Fuente:www.lahora.com.ec

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