El Gobierno ofreció la digitalización como parte de la reactivación económica, pero sacar un pasaporte o una licencia tarda semanas.
En enero de 2022, Julio Calvache sacó una cita para renovar su licencia. Inicialmente, le asignaron un turno, pero luego se lo quitaron por “los rezagados” que hay en el sistema. Su licencia está caducada y ahora circula con el pago que hizo para obtener el nuevo permiso. “Por eso cuando ya iban a multar me indigné porque las demoras no dependen de uno”, dice.
Ante la gran demanda de personas con licencia caducada que infructuosamente buscan cumplir con la renovación, la Agencia Metropolitana de Tránsito (ANT) tuvo que dejar de sancionar a los conductores y permitir que circulen con el documento caducado, hasta nuevo aviso.
Este caso sirve para evidenciar lo que también ocurre en otras instituciones públicas en las que los ciudadanos tienen que someterse a trámites engorrosos.
A María Cedeño, por ejemplo, le tomó tres semanas conseguir un turno para sacar el pasaporte en el Registro Civil. “Compré pasaje para visitar a mi hija en Estados Unidos. Si se compra con anticipación el precio sale mejor. Qué desesperante fue este documento”, relata la mujer a la que la página web no le generaba un turno y cuando lo consiguió se tardó. “Realmente es una lotería. A unos les toca más rápido que a otros”, dice.
Estas demoras hicieron que el Registro Civil promueva el denominado ‘pasaporte expres’ que, por un valor de $150 (el pasaporte normal cuenta $90), permitía acelerar el turno de los ciudadanos. La propuesta fue cuestionada en redes sociales y se dio de baja.
Las historias se repiten. Les pasó a los estudiantes que aspiraban un cupo a la universidad pública mediante el examen Transformar, cuya plataforma se cayó y las pruebas de miles de estudiantes tuvieron que reprogramarse.
Esto según Ronald Velásquez, ingeniero en sistemas, es un síntoma de una falta de digitalización estatal que provoca fallas en los sistemas. A eso se suma, la falta de personas capacitadas para atender y solucionar trámites sencillos.
Eso ocurrió con la plataforma que se uso para que la gente obtuviera un cupo para la vacunación durante el Gobierno de Lenín Moreno. “Se creó una plataforma en la que ni un estudiante que sabe de digitalización tenía la capacidad para recibir tantos ingresos en simultáneo”, dice.
Esto impacta directamente en la productividad del país. Así lo destaca El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que determina que la digitalización no solo tiene el potencial de contribuir al crecimiento de la economía y la competitividad de las empresas, sino a la integración del espacio nacional y regional y la diversificación del tejido productivo.
Esto lo detalla en un estudio donde ubica al Ecuador en el puesto 10 (solo por encima de Paraguay y Bolivia), de entre 12 países de la región, con menor porcentaje de digitalización en servicios y hogares.
El mismo Gobierno del presidente, Guillermo Lasso, ha reconocido que la digitalización es uno de los caminos hacia la reactivación económica e incluso presentó un proyecto de Ley, rechazado por la Asamblea, en el cual se contemplaba esto.
Ley de inversiones era un paso
El analista financiero, Carlos Benalcázar, dice que la Ley de inversiones se sostenía en tres ejes: alianzas público privadas, inversiones basadas en zonas francas y mercado de valores y digitalización del Estado. “En este último fue donde se quiso imponer la idea de la privatización de CNT. Algo que no solo era falso, sino que mostraba el poco entendimiento que hubo desde la Asamblea con la Ley”.
La ministra de Telecomunicaciones, Viviana Maino, dijo, durante una entrevista con Teleamazonas, que la Ley traería al Ecuador, nuevas tecnologías, digitalización y simplificación de procesos “que van al corazón del aparato productivo”. Y que se permitiría acelerar los procesos.
En la Ley se contemplaba una reforma al código de ingenios que prohibía que la información estatal esté en la nube, lo que impedía que firmas como Amazon o Google vengan al país. “Esto limita la exportación de tecnología para agilizar ciertos trámites o incluso evitar vulneración de páginas”, señala Velásquez. (AVV)
Hackeos públicos sin respuesta
En indagación previa se encuentran las denuncias por hackeo de la ANT, CNT, Municipio de Quito, Policía Nacional y Ministerio de Salud.
La Ministra de Telecomunicaciones dijo – en diciembre de 2021– que el índice de ciberseguridad en Ecuador, bordea los 25 puntos sobre 100, por lo que calificó la seguridad informática del país como muy baja.
“Hemos trabajado mucho en ciberseguridad (…) Esperamos subirlo a 35 puntos en un año”, detalló. La Ministra agregó que con la Ley de inversiones se podría incluso reforzar esto. Sin embargo, no pasó.
No hay servicio de correo
En Ecuador hay 800.000 paquetes y 245.000 cartas represadas. Todo esto se encontraba en bodegas de la extinta empresa ‘Correos del Ecuador’ que por problemas financieros fue liquidada en 2020.
La empresa pública Servicios Postales de Ecuador (SPE) firmó un contrato con Servientrega para que se haga la entrega de estos paquetes, aunque serán los usuarios quienes paguen por el servicio. Si no quieren cancelar el valor deben hacer un trámite largo por la página de servicios postales, ya que la de los paquetes físicos no es clara.