España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia será legal tras aprobar este jueves definitivamente la ley que regula la ayuda médica para morir como «derecho» y prestación sanitaria gratuita, con el apoyo de la izquierda y otras fuerzas y la oposición frontal de la derecha. La eutanasia es legal también en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (ya aprobada, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia. En este último país, por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento aprobara una ley.
En España podrán pedirla los mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable». Los solicitantes serán informados de las alternativas y de los cuidados paliativos disponibles; tendrán que confirmar al menos cuatro veces la voluntad de morir, su caso será analizado varias veces y podrán desistir en cualquier momento. Los profesionales sanitarios podrán acogerse a la objeción de conciencia.
Una «comisión de garantía y evaluación», compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisará cada caso y será responsable en última instancia de autorizarlo. UN ASUNTO CONTROVERTIDO Después de pasar por el Senado el Congreso español respaldó la ley finalmente hoy con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, 141 en contra y 2 abstenciones. Entrará en vigor a los tres meses de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.
La norma es motivo de polémica social y de un fuerte enfrentamiento político. Impulsada por el Partido Socialista, es apoyada también por Unidas Podemos, las das fuerzas parlamentarias que forman el gobierno de coalición español. También es respaldada por pequeños partidos de izquierda, así como liberales, nacionalistas e independentistas; y rechazada radicalmente por la oposición de conservadores (Partido Popular) y de extrema derecha (Vox).
La aprobación fue celebrada en el Congreso con un aplauso prolongado de los partidarios, en tanto que Vox avisó de que la recurrirá en el Tribunal Constitucional y de que será derogada cuando cambien las mayorías parlamentarias. La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el «reconocimiento de los derechos», así como en una sociedad «más justa y decente». Por el contrario, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz (Partido Popular) subrayó que «no existe demanda social objetiva», y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a «eutanasias no solicitadas» y España puede convertirse en un país de «turismo eutanásico».
Habló de un «efecto llamada» que provocará entre las personas más vulnerables, a las que se «empujará» a la eutanasia, y auguró graves consecuencias familiares, sociales y éticas, como la desconfianza entre padres e hijos, entre hermanos y entre médicos y pacientes.
DIVISIÓN SOCIAL, LA IGLESIA EN CONTRA
La división social se manifestó en la calle también hoy. Frente al Congreso, familiares de enfermos que lucharon en vida por legalizar la eutanasia celebraron lo que consideran una ley histórica que permitirá evitar el sufrimiento. Allí se reunieron parientes de Luis de Marcos, enfermo de esclerosis múltiple que falleció en 2017; Maribel Tellaetxe, que murió en 2019 con alzhéimer avanzado, y de María José Carrasco, enferma terminal también con esclerosis múltiple y que se quitó la vida con la ayuda de su marido, Ángel Hernández.
También en la zona, varias decenas de personas se concentraron para protestar contra la legalización, algunas encapuchadas y con guadañas y gritos contra el Gobierno, al que tildaron de «asesino» y «criminal». Convocados por asociaciones católicas como Abogados Cristianos y Enraizados, los manifestantes portaban pancartas en las que podían leerse lemas como «Gobierno de la muerte», «Protege la vida» o «No hay derecho a matar». La Conferencia Episcopal Española (CEE) lamentó la aprobación y llamó a favor de la objeción de conciencia y de la «cultura de la vida» para decir con fuerza ‘No matarás’. En declaraciones remitidas a los medios, el secretario general de los obispos católicos, Luis Argüello, consideró «mala noticia» la ley y lamentó que cada año mueran en España 60.000 personas con sufrimiento, según dijo, pudiéndose remediar con una política adecuada de cuidados paliativos.
