A mediados de mayo, durante una audiencia de la comisión de auditoría medioambiental de la Cámara de los Comunes, varios legisladores británicos expresaron preocupaciones sobre las investigaciones de Rusia en la Antártida.
Esto provocó informes sobre posibles descubrimientos de hidrocarburos en una zona protegida por un tratado internacional que permite únicamente investigaciones científicas.
Según la empresa rusa Rosgeo, parte de estas exploraciones se realizaron en un área antártica con reclamos territoriales superpuestos de Reino Unido, Argentina y Chile.
En la audiencia, la legisladora Anna McMorrin mencionó que la comisión fue informada sobre «actividades problemáticas rusas» recientes, incluyendo la recolección de datos sísmicos en la Antártida.
McMorrin sugirió que estas actividades parecen más una búsqueda de minerales que una investigación científica, tal como permite el Tratado Antártico de 1959.