El Congreso de Guatemala ha archivado el polémico proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que elevaba las penas por abortar y prohibía el matrimonio homosexual en el país.
Con 119 votos a favor de que fuera archivada, el Congreso no dio paso a la medida, que ha sido duramente criticada por diversos sectores sociales, que consideraban que atentaba contra los derechos de los ciudadanos.
El pasado 11 de marzo, el Mandatario solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala.
El martes 15 de marzo, finalmente, el proyecto legislativo ha sido archivado sin debate alguno entre el oficialismo y la oposición. El pasado 8 de marzo 101 de los 160 diputados apoyaron la ley, que situaba en 10 años la pena máxima de cárcel para las mujeres que abortaran.
El texto presentaba penas de hasta 50 años de cárcel a aquellas personas responsables de “abortos” o “maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer”, según informaciones del diario Prensa Libre.
La normativa también prohibía el matrimonio homosexual y restringía las clases sobre educación sexual en los colegios, especialmente sobre diversidad sexual. Partidos opositores y organizaciones feministas y de Derechos Humanos han alertado de que la aplicación de la ley podría llevar a la criminalización de los abortos espontáneos y aumentar el riesgo de crímenes de odio contra personas de diferente orientación sexual.