Este Centro Violeta es el primero de seis que el Gobierno prevé establecer a lo largo de 2022.
La Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador y el Municipio de Guayaquil inauguraron este jueves el primer Centro Violeta del país en el que se articularán esfuerzos de entidades locales y privadas para combatir la violencia machista.
La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, aseguró en la inauguración estar convencida de que el centro «será el icono a nivel nacional de un espacio de atención digno para las niñas, niños y para las violencias en general», según expresó en redes.
Los denominados Centros Violeta son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones entre entidades públicas y privadas al objeto de reducir o anular el riesgo de que ocurra un hecho de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores, así como dar respuesta y atención inmediata a las víctima de estas.
Con la inauguración del Centro en la ciudad costera ecuatoriana, se «unen esfuerzos para generar estrategias para erradicar la violencia contra niñas y mujeres», indicó la Secretaría de Derechos Humanos que busca ofrecer una «atención de calidad, ágil y oportuna».
Este Centro Violeta es el primero de seis que el Gobierno prevé establecer a lo largo de 2022, en el marco de un programa que aspira a fundar un total de 24 en todas las provincias del país hasta 2025, cuando concluya la legislatura del presidente, Guillermo Lasso.
Estos serán espacios seguros para sobrevivientes de violencia machista, que contarán con el respaldo de las autoridades y de la empresa privada para combatir un fenómeno que en Ecuador se cobró el año pasado 186 femicidios, según las organizaciones de mujeres, lo que convirtió al 2021 en el más mortífero desde que en 2014 se tipificó el delito.
En noviembre pasado, el Gobierno ecuatoriano anunció un incremento del presupuesto estatal de los 1,5 millones de dólares a los 24 millones para erradicar la violencia contra la mujer, e iniciativas como el registro único de violencia con el que podrán coordinarse los esfuerzos para tal fin entre la Función Ejecutiva y la Judicial.