El presidente Lasso envió el 25 de enero una iniciativa legal para tratar el tema de la inseguridad ciudadana; otras ya están en tratamiento.
Las propuestas han llegado siempre tras una crisis. Los políticos presentaron iniciativas legales luego de las manifestaciones violentas de octubre de 2019, las repetidas masacres carcelarias y la ola de violencia que ya deja cerca de 243 muertos en menos de 25 días de este 2022, a escala nacional.
La última iniciativa la propuso el propio presidente Guillermo Lasso. El martes 25 de enero de 2022 arribó a la Asamblea el proyecto bautizado como Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Ahí se plantean 46 artículos que buscan hacer frente a la violencia interna. Entre el articulado se encuentran la delimitación del uso de la fuerza letal.
La propuesta debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y pasará a la Comisión de Seguridad. Ahí, ya existe una matriz en la que se analizan otras tres iniciativas que ya hablan directamente sobre el uso de fuerza letal por parte de la Policía. Así se busca dejar sin vacíos jurídicos el actuar de los uniformados. En un caso reciente, el policía Santiago Olmedo fue sentenciado por extralimitación de la fuerza.
Visiones encontradas sobre la idea
El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, dice que en lugar de enviar un nuevo proyecto, el Ejecutivo debió fortalecer el análisis de los proyectos que ya están en revisión.
En cambio, el legislador Rodrigo Bajardo (ID) señala que ya existe un cronograma para presentar los informes. Se prevé tener un borrador en marzo. También advierte que ya hay normativas que reglamentan el uso de la fuerza en el Código Penal vigente, los reglamentos de la Policía, el Código de Entidades de Seguridad, entre otros. Añadió que los legisladores de esa mesa buscan unificar en un solo cuerpo legal todo lo que está regado en la jurisprudencia.
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, por su parte, cuestiona el trabajo de los legisladores. Dice que en ocho meses de Gobierno no ha visto avances o, por lo menos, una propuesta de primer debate del Código de Seguridad, la Ley de la Policía, la Ley de Inteligencia y la normativa sobre el uso progresivo de la fuerza. “No tenemos las herramientas necesarias”, dijo esta semana.
Guillermo Lasso
Establece cinco niveles para el uso progresivo de la fuerza. El quinto avala el uso de fuerza letal.
Aclara que dependerá de la actuación del presunto infractor, por tanto un Policía puede iniciar su reacción “en cualquier nivel e incrementarse o reducirse gradual o repentinamente”.
Se investigarán las lesiones o muertes que puedan causarse en el acto de servicio. Se partirá del principio que el uso de la fuerza fue legal. La investigación no implica responsabilidad y no acarreará sanciones hasta una sentencia ejecutoriada.
Plantea reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para conformar el Consejo Nacional de la Política Criminal, un organismo asesor del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Será presidido por el titular del Ministerio de Gobierno. Dice que en la ejecución de tareas para prevenir o combatir al crimen organizado, así como para defender a los habitantes de las situaciones de violencia que genera, la Policía como ente ejecutor podrá contar con la cooperación de las Fuerzas Armadas.
Sobre el patrocinio en investigaciones y procedimientos penales señala que los servidores policiales “tienen derecho a recibir asesoría jurídica en las investigaciones”.
César Litardo
La iniciativa surgió de la Policía y el Ministerio de Gobierno, entonces liderados por Tannya Varela y Gabriel Martínez
Plantea el uso necesario de la fuerza para neutralizar el nivel de amenaza, riesgo, resistencia y ataque, de uno o más personas
Indica que la Policía empleará armas de fuego con munición letal cuando se encuentren frente a una amenaza grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas o la propia.
También establece cinco niveles del uso de la fuerza. El último prevé un procedimiento letal para “neutralizar la actuación antijurídica violenta o agresión letal de una o varias personas”
En caso de manifestaciones, se prevé el uso de tecnologías y munición letal, cuando las personas detectadas dentro de una multitud generen acciones que puedan causar lesiones graves o muerte a otras personas, para neutralizar las agresiones y minimizar los riesgos o amenazas existentes, verificando los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad.
Los servidores que, como consecuencia del cumplimiento de su misión usen fuerza letal, recibirán patrocinio y asesoría jurídica especializada y oportuna por parte del Estado.
César Solórzano
Faculta a los servidores al uso de la fuerza y armas de dotación, en el desempeño de sus funciones.
Sobre el fuego potencialmente letal, el policía debe observar principios excepcionales, progresivos, adecuados y proporcionales.
El uso de armas de fuego con munición letal se justificará en estos casos: defensa propia o de otras personas; en caso de riesgo actual, real, ilegítimo e inminente de lesiones graves o de muerte; y para evitar la comisión de un delito que particularmente sea una seria amenaza para la vida.
Se pide a los agentes procurar causar el menor daño posible y que procedan de tal modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos, en caso de ser necesario, a las personas heridas o afectadas.
Los disparos de advertencia no se considerarán práctica aceptable
Tras herir de gravedad o matar a una persona, se presentarán informes para conocer si se cumplió con la ley; si se establece que no se usó de manera legal, el funcionario será investigado.
Quienes hayan causado muerte o lesiones graves, al haber cumplido con la normativa, recibirán por parte de su institución de manera obligatoria la inmediata evaluación médica y psicológica y su debido tratamiento si el caso así lo amerita. También ofrece el respaldo legal.
Marcela Holguín
En su proyecto legal, se concentra únicamente en prohibir el uso de animales por parte de la Policía Nacional para el restablecimiento del orden público e intervención y control en ocupaciones arbitrarias, en aquellos casos en que pueda verse vulnerado su bienestar.
Se entiende por bienestar animal aquel estado de salud emocional y físico del animal que le permita estar en armonía con su entorno. Hace referencia a perros y caballos que son utilizados por las fuerzas del orden.