En el palacio de Carondelet se colocó la placa, en español y quichua, con la frase ordenada por los jueces: “Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética”.
El costo de la placa lo deben pagar los 20 condenados, pero aún está en proceso el cobro de los 14,7 millones de dólares de indemnización para el Estado, a través de embargo de bienes y remate.
Solo Víctor Fontana, de la empresa Fopeca, y Alberto Hidalgo, de Hidalgo e Hidalgo, ya cancelaron su parte. Por ello, el tribunal de ejecución dispuso a la Procuraduría General del Estado que “haciendo uso de los recursos económicos que ya han sido pagados por varios sentenciados, proceda a la realización de la indicada placa; coordine lo pertinente a fin de que la misma sea instalada en el lugar y fecha determinados».
Además, los jueces conocieron comunicaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que en octubre de 2019 difundió la notificación roja en contra del exministro Walter Solís, pero ahora ha decidido retirarla del sistema.
La entidad también informó que no dará paso a la notificación roja del exministro Vinicio Alvarado por considerar que no puede intervenir en asuntos de carácter político.
Sobre Rafael Correa, Interpol solicitó a Ecuador que aclare si la información sobre el proceso en contra del expresidente es restringida o pública y si sigue vigente la sentencia en su contra y la orden de detención. Además, una descripción clara e individualizada de la participación de Correa en las actividades delictivas por las que fue condenado.
Los jueces dispusieron que se envíe a interpol todo lo solicitado.