Ha transcurrido más de un mes desde que el escándalo por la obtención de carnets de discapacidad salió a la luz. La Fiscalía continúa en etapa de indagación previa, recabando indicios sobre presuntos actos ilícitos que podrían haberse gestado con la obtención, presuntamente irregular, de estos documentos.
Estos hechos ‘salpicaron’ a asambleístas y motivaron a que el Ministerio de salud formalice al menos 30 denuncias en contra de funcionarios que habrían ayudado a gestionar los carnets sin cumplir los protocolos y normativas.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), cree que para este tiempo ya debería haber algún resultado en la investigación que impulsa la Fiscalía.
“El tema no debe quedarse en señalar que 22 funcionarios son los culpables y nada más. La Fiscalía tiene que actuar”, dijo.
Otros actores
Agregó que las investigaciones también deben apuntar a quienes comandaron el Ministerio de Salud en administraciones pasadas.
“Las sanciones deben recaer sobre las exministras Carina Vance, Margarita Guevara, Verónica Espinosa y Catalina Andramuño. Ellas son responsables políticas”, agregó.
Asimismo, Rodas instó que los análisis se extiendan al Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), en su gestión del 2007 al 2013, cuando era el órgano emisor del documento.
Judicatura espera informe
El viernes pasado, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, informó a la Comisión del Derecho a la Salud, que, según la auditoría hecha por la institución, se detectó que 703 funcionarios entre jueces, conjueces, agentes fiscales notarios, defensores públicos y administrativos judiciales poseen carnets de discapacidad.
Agregó que están esperando a que el Ministerio de Salud envíe la información para determinar si estos fueron obtenidos de forma ilícita. Según la funcionaria, entre las infracciones gravísimas previstas en el Código de la Función Judicial, está proporcionar o utilizar información o documentos falsos para la selección de personal e inscripción de nombramientos, pero que no se puede aplicar el código disciplinario porque Salud no ha remitido la información requerida.(I)
Fuente:www.lahora.com.ec