La Comisión Ocasional para el Tratamiento de Reformas y Enmiendas a la Constitucional de la Asamblea Nacional, tiene hasta finales de este mes para presentar el informe para primer debate sobre la propuesta de la autonomía total de la Fiscalía General del Estado.
Esta reforma parcial a la Constitución fue planteada al Legislativo por el Comité por la Institucionalidad Democrática, basándose en el artículo 194 de la Carta Magna, en el que se estipula que esa institución es un órgano autónomo de la Función Judicial.
Sin embargo, esta organización, menciona que en la misma Constitución, en el artículo 178, dispone que el Consejo de la Judicatura (CJ) es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, incluyendo al Ministerio Público.
Diana Salazar, titular de la Fiscalía, expuso sus argumentos ante esta Comisión de la Asamblea, sobre la necesidad de una autonomía en el organismo y pidió a los asambleístas que resuelvan esa “dicotomía”.
Para el constitucionalista Jorge Benavides, la propuesta del Comité y el pedido de la Fiscal tienen validez para que la institución pueda tener independencia en su manejo presupuestario, designación de fiscales por concurso y, además, en el diario desarrollo de sus actividades.
“La iniciativa de cambio es favorable para darle autonomía en términos administrativos, económicos. Estos esquemas de fiscalías se observan en otros países de la región, donde no están tapadas bajo el paraguas de la Función Judicial”, dijo.
El asambleísta Héctor Muñoz, quien forma parte de la comisión ocasional, indicó que la postura del comité y de la Fiscalía es “lógica y necesaria”. “Un órgano administrativo, como es la Judicatura, no puede tomar decisiones que le corresponden únicamente a la Fiscalía”, indicó.
El legislador agregó que una independencia presupuestaria, podría ayudar a la entidad a superar el déficit de 400 agentes fiscales del que actualmente adolece la institución. (FLC)
“Un órgano administrativo, como es la Judicatura, no puede tomar decisiones que le corresponden únicamente a la Fiscalía”. Héctor Muñoz, asambleísta. (I)
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