La filtración del examen Ser Bachiller se habría dado en tres colegios, que juntos suman 3.000 alumnos. De este número, 536 fueron identificados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), como estudiantes que copiaron.
Su ‘sanción’ fue repetir la prueba ayer, en dos horarios. “No es dable que hayan copiado y tengan una nota mayor a otros chicos que estudiaron”, declaró Eduardo Salgado, director de Ineval, el pasado 12 de febrero.
En dicho espacio, tanto Salgado como la ministra de Educación, Monserrat Creamer, no se refirieron a consecuencias legales que podrían enfrentar los jóvenes, pese a que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) es clara sobre actos de corrupción académica.
La Ley
Rocío Mendieta, experta en educación, dice que la deshonestidad académica constituye una falta al reglamento de la LOEI: “Dependiendo del grado de la falta, la sanción puede ser la separación temporal o definitiva del plantel”.
A Mendieta le preocupa que las autoridades hablen de sancionar a los funcionarios, “pero de los alumnos y sus padres que han cometido fraude no dicen nada (…) ellos han mentido y han engañado al Estado”.
La LOEI contiene trece faltas de este tipo que se dividen entre leves, graves y muy graves (ver recuadro). Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas, constituye, según el artículo 224 de la normativa, una falta muy grave.
El 28 de enero, Daniel Gallegos, funcionario del Ineval, denunció las filtraciones en la Fiscalía del Guayas, para que se inicie una indagación que permita determinar responsabilidades. Se desconoce el estado del escrito.
Criterio
Para el jurista Marcelo Muñoz señala que al levantarse una investigación todos los implicados deben costar en la misma. “Si la prueba se filtra, claro que hay que investigar al ente encargado, pero también a quienes se favorecieron (…) el problema es más complejo de lo que las autoridades hacen ver, porque hablamos de futuros profesionales que ya infringen la Ley”.
Muñoz resalta que durante el tiempo que dure la investigación en la Fiscalía, los estudiantes que formaron parte del fraude no deberían rendir la prueba.
La sicóloga Diana Navarrete dice que para formar profesionales éticos es indispensable trabajar en valores, pero también en hacer valer la ley: “Los niños y jóvenes deben hacerse cargo de sus actos por menores que sean”. Sin embargo, cree que el tiempo en el que el Ineval ha detectado a los supuestos infractores es muy corto y puede haber errores.
Daniel Ojeda, ingeniero en sistemas, indica que hay varios aindicadores que pudieron ayudar a detectar a los 536 jóvenes: “El tiempo de respuesta permite ver quién ya sabía las preguntas. Se puede determinar quién contestó por memorización y no razonamiento” (I)
Fuente:www.lahora.com.ec