Con indignación recibió la Comisión de Desarrollo Económico el veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Emprendimiento.
El 7 de enero, la Asamblea aprobó la norma que busca fomentar el emprendimiento eliminando trabas burocráticas, estableciendo otras modalidades de trabajo y facilitando acceso a financiamiento.
Sin embargo, el Gobierno mandó al Legislativo 73 objeciones, que de acuerdo con Esteban Albornoz (PAIS-Aliados), presidente de la mesa, 20% son de fondo y 80% de forma. “Con sorpresa hemos recibido la objeción parcial”, dijo. Esto porque “estuvieron presentes todas las instituciones del Estado y también las organizaciones civiles y los emprendedores”.
La molestia se centró en que el Ejecutivo propone que se elimine de la Ley la conformación del Consejo Nacional para el Emprendimiento y la Innovación (Conein) y se retiren sus atribuciones. Además, porque planteó al Legislativo que no le ponga un plazo para elaborar el reglamento y que le baje la categoría de la Ley de orgánica a ordinaria.
El Ejecutivo fundamenta que no se debe crear el Conein porque el 3 de enero se conformó, a través del Decreto Ejecutivo 948, el Comité de Competitividad y Emprendimiento, que está a cargo de la coordinación interinstitucional para promover y fortalecer la competitividad y el desarrollo del país.
Por eso, dice en el veto, que “la institucionalidad se muestra disfuncional en la medida en que se duplica con la normativa vigente”. Además, que esas atribuciones serían inconstitucionales porque se pretendería “trasladar a otros espacios la facultad de rectoría y demás atribuciones exclusivas de los ministros y de la Función Ejecutiva”.
Su propuesta es que las atribuciones consten en el reglamento y que no exista el Conein. Ante eso, César Rohón (PSC), tiene la impresión de que “hay celo” en el Ejecutivo de que sea la Asamblea la que establezca la institución rectora.
Rechazo
Homero Castanier, vicepresidente de la Comisión, considera que el veto es “terrible”, pues se supone que el trabajo se hizo articulando entre la Asamblea y el Ejecutivo. Esto, dijo, demuestra la posición del Estado de poner trabas a los emprendedores.
Además, porque el Ejecutivo no quiere plazos para elaborar el reglamento. “Quieren que pase como la Ley de Fomento Productivo que se demoraron ocho meses en emitir el reglamento, cuando ya se vencía el plazo de los beneficios de esa ley”. Por eso, se ratificarán en que en 90 días, a partir de la puesta en vigencia de la normativa, la Presidencia deberá redactar la norma complementaria.
También la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, en un comunicado, señaló que es “imprescindible poner un límite de tiempo para su respectiva expedición”. (I)
Fuente:www.lahora.com.ec