El caso Triple A entra en su etapa decisiva. El Tribunal de Garantías Penales que juzgó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a otros 21 procesados convocó para el 29 y 30 de agosto, a las 17:30, la audiencia en la que se dará a conocer la resolución adoptada tras la etapa de deliberación.
La diligencia será telemática y marcará la culminación de un juicio que se extendió durante varios meses, en el que se practicaron pruebas, se recibieron testimonios y se escucharon los alegatos finales de las partes.
El Tribunal deberá determinar la responsabilidad individual de cada uno de los procesados por el presunto delito relacionado con la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Fiscalía pide prisión y una reparación de USD 61,5 millones
Durante sus alegatos de clausura, la fiscal Ruth Amoroso solicitó que Alvarez y los demás procesados sean declarados responsables de los hechos investigados.
Para quienes fueron señalados como autores, Fiscalía pidió la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión. También solicitó multas de 12 salarios básicos unificados para las personas naturales procesadas y de 1.000 salarios básicos unificados para cada una de las seis empresas incluidas en la causa.
Uno de los principales pedidos económicos corresponde a la reparación integral. La Fiscalía solicitó que los procesados respondan conjuntamente por USD 61,5 millones, cifra que, según la acusación, representa el perjuicio ocasionado al Estado por la presunta comercialización ilegal de combustibles entre 2020 y 2024.
Además, pidió la clausura de las empresas Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiésel y Harsajudi.
¿Cuál es la teoría del “cambiazo”?
La acusación fiscal sostiene que existió una estructura empresarial que habría permitido desviar combustibles subsidiados hacia segmentos que no estaban autorizados para recibir ese beneficio.
La Fiscalía denominó a este mecanismo como el “cambiazo”. De acuerdo con su teoría, combustible subsidiado destinado a los segmentos automotor y naviero nacional habría sido adquirido y posteriormente comercializado, sin el subsidio, en los segmentos industrial y naviero internacional.
Durante el juicio, la fiscal Amoroso sostuvo que los representantes de las comercializadoras, operadores y estaciones de servicio conocían el destino autorizado del combustible y, pese a ello, habrían participado en las operaciones investigadas.
El papel que Fiscalía atribuye a Aquiles Alvarez
La acusación también se concentra en la participación de Aquiles Alvarez como representante legal y accionista de Copedesa durante parte del periodo investigado.
Fiscalía señaló que Alvarez suscribió contratos con Petroecuador, operadores y estaciones de servicio para la adquisición y comercialización de combustibles.
La fiscalía también presentó documentación y pericias relacionadas con contratos celebrados entre Copedesa y distintos operadores. Según la acusación, algunos de ellos habrían facturado volúmenes superiores al combustible recibido o comercializado producto sin autorización.
Entre los testimonios considerados relevantes estuvo el de José Ricardo Cevallos, expresidente de Fuelcorp y testigo protegido. Según Fiscalía, su declaración y la documentación incorporada al proceso permitieron establecer relaciones comerciales y aspectos vinculados con las operaciones investigadas.
La Fiscalía pidió que Aquiles Alvarez, Raúl Zambrano, Juan Dionisio Araujo, Fausto Vaca, Édgar Flores, Rosa Ortiz y Édgar Campoverde sean declarados autores directos.
También solicitó que Lady Cedeño, Jessenia Vélez, Carolina Troya, Juan Arias, Gloria Salazar, María Criollos y Olga Ortega sean declarados coautores.
Para José Ricardo Cevallos, Fiscalía pidió que se determine su responsabilidad como cómplice y que se aplique una atenuante trascendental debido a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
El juicio llega a su etapa final
La fase de juicio terminó el 2 de agosto, con la recepción de los últimos testimonios y la declaración voluntaria del procesado Juan Dionisio Araujo.
Después de los alegatos de Fiscalía, de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que participa como acusadora particular, y de las defensas, el Tribunal pasó a deliberar.
Finalmente, los jueces fijaron para el 29 y 30 de agosto, a las 17:30, la audiencia en la que se conocerá la resolución.
Alvarez permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad de Santa Elena. Para garantizar su participación, se dispuso que el SNAI y la Policía Nacional coordinen las medidas necesarias y que se habilite una sala con conectividad adecuada.
La audiencia será pública y se transmitirá oficialmente por YouTube. Las partes también podrán participar mediante Zoom.
Triple A podría convertirse en la segunda sentencia contra Alvarez
La resolución tendrá especial relevancia para Aquiles Alvarez, quien enfrenta tres procesos judiciales.
El alcalde ya fue sentenciado a tres años de prisión en el caso Grillete, relacionado con el incumplimiento de la obligación de portar un dispositivo electrónico.
Si el Tribunal declara su responsabilidad penal en el caso Triple A y dicta una sentencia condenatoria, esta se convertiría en la segunda sentencia que enfrenta Alvarez.
El tercer proceso es Goleada, en el que está procesado por presunto lavado de activos junto con otras personas.
El fallo del Tribunal en Triple A determinará si la Fiscalía logró demostrar, más allá de los alegatos, la responsabilidad penal de Alvarez y de los demás procesados por los hechos investigados.