El Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado declaró culpables a Yomaira Alexandra C. P., agente de la Policía Nacional, y a su pareja, Hernán David P. S., por el delito de lavado de activos.
A cada uno se le impuso una pena de 29 años y cuatro meses de prisión.
El hallazgo de casi USD 600.000
La investigación se inició el 15 de agosto de 2025, durante el estado de excepción, cuando agentes de la Policía Nacional allanaron una vivienda ubicada en la urbanización Santa María de Casagrande, en el cantón Daule, provincia del Guayas.
En el dormitorio principal, específicamente en un clóset de uso exclusivo del conviviente de la agente, los uniformados encontraron una maleta que contenía USD 589.630 en efectivo. Además, sobre una repisa había otros USD 2.461.
En total, el dinero encontrado en el inmueble ascendía a USD 592.091. Durante el operativo también fueron localizados tres vehículos y una motocicleta.
Movimientos financieros que no correspondían con su salario
Al momento de su detención, la agente llevaba 11 años, 11 meses y 26 días de servicio ininterrumpido en la Policía Nacional.
Según la información presentada durante el proceso, entre septiembre de 2013 y agosto de 2025 sus remuneraciones mensuales oscilaron entre USD 1.023 y USD 1.363.
Sin embargo, informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de entidades del sistema financiero determinaron que la uniformada registró movimientos financieros por USD 197.935 entre 2020 y 2025, una cifra que, según la Fiscalía, no guardaba relación con sus ingresos como servidora pública.
La defensa sostuvo que el dinero encontrado en la maleta no pertenecía a la policía y que el clóset donde fue localizado era de uso exclusivo de su conviviente.
El hombre declaró que había llegado a la vivienda durante la madrugada, mientras su pareja dormía junto a su hija recién nacida, y que dejó la maleta en el clóset sin informarle sobre su contenido.
El tribunal no acogió esta versión y declaró culpables a ambos procesados.
El perfil del conviviente
Hernán David P. S. tenía registrada ante el SRI como actividad económica la cría y reproducción de ganado bovino y la venta de cereales.
Sin embargo, la investigación estableció que algunos de sus principales proveedores no tenían relación con esas actividades. Entre ellos constaban una empresa dedicada a materiales de construcción y una distribuidora deportiva.
Además, un peritaje presentado durante el proceso determinó que las firmas del procesado en contratos de inversión utilizados para justificar el origen del dinero no correspondían con sus firmas.
La Policía Nacional también lo identificó como presunto integrante del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Fatales. Tras su ingreso al Centro de Privación de Libertad Guayas 1, el 18 de agosto de 2025, se autoidentificó como integrante de esa organización.
El hombre registra además una detención previa, en 2015, por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Otros procesados en la investigación
Luego del allanamiento de la vivienda donde se encontró el dinero, la Policía ingresó a otra casa de la misma urbanización, ubicada a unos 800 metros.
En ese inmueble fueron aprehendidos Kevin Joel P. S., hermano del conviviente de la agente, y su pareja, Dayana Dennise V. F. Inicialmente fueron procesados por el hallazgo de casquillos y municiones, aunque posteriormente fueron absueltos en ese proceso.
La Fiscalía también los vinculó a la investigación por lavado de activos. Según los informes financieros, la pareja figuraba como arrendadora del inmueble donde fueron encontrados los casi USD 600.000 y como promitente compradora del mismo, mediante una promesa de compraventa por USD 240.000.
Sin embargo, la investigación determinó que ninguno de los dos tenía capacidad económica registrada en el sistema financiero para realizar esa operación ni para efectuar el pago inicial de USD 24.000 en efectivo.
Kevin Joel P. S. fue catalogado por la Policía como un objetivo de intermedio valor dentro de la estructura criminal y, según la investigación, habría cumplido funciones operativas y logísticas relacionadas con la contaminación de contenedores. También enfrenta un proceso separado por tráfico ilícito de armas.
Un quinto procesado, Luis Bryan C. G., hermano de la agente condenada, aparece como propietario de dos vehículos Kia encontrados en la vivienda.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) determinó que entre 2016 y 2025 registró ingresos por apenas USD 38.286, pese a que realizó pagos en efectivo por USD 25.600 para adquirir esos automotores.
Los tres procesados permanecen prófugos. El proceso en su contra quedó suspendido hasta que sean capturados, mientras se emitieron boletas de localización y captura para la Policía Judicial.