El adelanto de las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026 ha complicado el panorama para tres agrupaciones políticas de alcance nacional, que no lograrían participar en la contienda debido a problemas de carácter legal, electoral o a una combinación de ambos.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, se refirió por primera vez, el 30 de marzo, al momento que vive cada una de ellas y dio luces de lo que debería pasar para que participen en los comicios de alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales.
Las tres agrupaciones son Revolución Ciudadana, sobre la que pesa una suspensión de nueve meses; Unidad Popular, y el Movimiento Construye que entraron en proceso de eliminación del Registro de Organizaciones Políticas, por falta de afiliados.
Con el adelanto de las elecciones, los partidos y movimientos tendrán menos de tres meses para realizar sus primarias internas y escoger a sus candidatos. Quienes no lo hagan entre el 18 de junio y el 2 de julio, quedarán fuera de la elección definitivamente.
Desafiliación contrarreloj
La posibilidad de que el correísmo recupere el movimiento Revolución Ciudadana (RC) hasta mediados de junio es prácticamente nula y sus principales dirigentes lo saben.
El expresidente Rafael Correa y la excandidata presidencial Luisa González hicieron un llamado a los potenciales candidatos a desafiliarse de la agrupación política para que puedan participar por otras tiendas políticas.
Una de las primeras en hacer pública su salida de la RC fue la actual asambleísta nacional Paola Cabezas, el 30 de marzo, aunque aseguró que eso no la convierte en candidata, aunque sí facilita cualquier decisión futura que tome el correísmo al respecto.
«No me he abierto de la Revolución Ciudadana, esto sencillamente obedece a una disposición del partido que ha pedido a varios cuadros políticos su desafiliación. No hay nada de novedad, no me estoy yendo de RC».
Paola Cabezas, asambleísta correísta
Diana Atamaint no se refirió a la suspensión que se aplicó al correísmo por un pedido de la Fiscalía General del Estado, que investiga un supuesto financiamiento extranjero, con fines de lavado de activos.