El Gobierno busca limitar el gasto corriente de los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, para que los recursos estatales se destinen a inversión pública. Ese es el objetivo principal del nuevo proyecto de ley que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, calificado de urgente en materia económica.
El proyecto, de seis artículos y cuatro disposiciones transitorias, reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),para que los gobiernos seccionales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.
La Presidencia señala que la inversión pública de las alcaldías y prefecturas es mínima y que esa responsabilidad ha recaído en el gobierno central, que además debe cumplir con otras obligaciones.
En los últimos años, los GAD destinaron menos del 50 % de su presupuesto a obra pública:
- 37 % en 2021
- 45 % en 2022
- 43 % en 2023
- 39 % en 2024
Estos porcentajes reflejan un desplazamiento sostenido del gasto para rubros administrativos y discrecionales, según el proyecto de ley.
En el Presupuesto General del Estado de 2025 se destinaron a las alcaldías, prefecturas y otros gobiernos autónomos descentralizados USD 3 471 millones.
De aprobarse el proyecto económico urgente, la obligación de destinar el 70 % del presupuesto a inversión no será inmediata. Establece un régimen de transición para el ajuste de los límites durante tres años:
- 60 % en 2027
- 65 % en 2028
- 70 % en 2029
Alcaldes y prefectos deben informar trimestralmente al Ministerio de Economía la aplicación de la norma y en caso de incumplimiento, este ministerio recalculará el presupuesto y emitirá un informe a la Contraloría.