El proceso judicial conocido como Caso Triple A, que investiga una presunta red de comercialización ilegal de hidrocarburos, llega a un punto de no retorno. Este sábado 31 de enero de 2026, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros procesados deberán enfrentar la audiencia de juicio tras un historial de 13 diligencias fallidas marcadas por excusas médicas y renuncias de abogados de última hora.
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) ha denunciado públicamente una «estrategia dilatoria sistemática» para evitar que se sustancien las pruebas que apuntan a un perjuicio millonario contra el Estado ecuatoriano.
Christian Puente, director de la ARCH, reveló inconsistencias alarmantes en los balances de las empresas vinculadas. El foco está puesto en la logística de despacho:
Ternape (Segmento Naviero): Según la ARCH, esta empresa recibió de Petroecuador cerca de 65 millones de galones entre 2020 y 2024, pero solo facturó por el equivalente a 55 millones.
Faltante físico: Puente cuestionó el destino de 9.2 millones de galones que no aparecen en los registros ni cuentan con capacidad de almacenamiento físico suficiente para ser guardados, sugiriendo un desvío al mercado ilegal.
El proceso ha sido blanco de críticas por la facilidad con la que se han postergado las audiencias. Según las autoridades, los abogados defensores han presentado certificados médicos por afecciones que van desde problemas molares y hemorroides hasta neumonía, presentados apenas horas antes de las citas judiciales.
Para evitar un nuevo aplazamiento este 31 de enero, la administración de justicia ha designado a cuatro defensores públicos que ya poseen el expediente completo y actuarán en caso de que los abogados privados del alcalde o de las empresas vuelvan a ausentarse.