Julio Martínez Alcívar -alias Negro Tulio- lleva un año y medio en prisión, tras ser deportado a Ecuador en junio de 2024. Sobre él pesan dos sentencias: por terrorismo y delincuencia organizada y hasta noviembre de 2025, estaba recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil.
Desde ese reclusorio, el cabecilla de una facción de Los Chone Killers manejaba una red de extorsión a transportistas. Y pese a que en agosto de 2024 se descubrió una trama de familiares y conocidos en cinco entidades municipales de Durán para obtener contratos, aún mantenía vínculos en la ATD. Así se reveló en una audiencia de formulación de cargos contra 15 colaboradores.
El 15 de noviembre de 2025, la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) ejecutó un megaoperativo. Entre los detenidos constaban presidentes de cooperativas de transporte, qué según el ministro del Interior, John Reimberg, extorsionaban a los transportistas.
La fuente informativa
accedió al expediente del caso donde se revela los montos que la red recolectaba para alias Negro Tulio. También vínculos para aún mantener contratos en la ATD por USD 207 000 aproximadamente y poner a alguien supuestamente de su confianza en la vicealcaldía de Durán.
Para el megaoperativo, la Fiscalía investigó ocho hechos puntuales vinculados a la red extorsiva de alias Negro Tulio. Esto permitió determinar cómo operaban los colaboradores para mantener un sistema extorsivo a transportistas, corrupción en trámites de matriculación vehicular, secuestros, atentados y microtráfico en Durán.
En el hecho 1, se estableció el cobro sistemático de extorsiones. Alias Wendy, dirigente de una compañía de transporte de buses urbanos, supuestamente hacía cobros irregulares a accionistas y cerca de 149 socios. Según las investigaciones, Wendy recaudaba USD 223 diarios y USD 6 705 mensuales, que presuntamente eran entregados a Negro Tulio.
Así mismo, a la línea 1800 Delito, las autoridades recibieron la denuncia que de conductores y socios de tres compañías de transporte eran extorsionados. Se acusó a los presidentes de las empresas de ser partícipes de la red extorsiva, quienes fueron detenidos y procesados.
Tres transportistas fueron asesinados en 2025 por negarse a pagar. En este caso, la organización exigía USD 2 diarios a los socios bajo la amenaza de dirigentes de desconectar cámaras de vigilancia, agresiones o quema de vehículos a quienes no cancelaban ese valor. También se denunció que los dirigentes habrían retenido USD 45 000 de los ahorros de 78 socios en diciembre de 2024 para entregarlos a los Chone Killers.
Otro de los delitos atribuidos a la red fue el secuestro de un socio el 27 de mayo. Según el acta de audiencia, el rapto fue ordenado por el presidente de la cooperativa para la que trabaja la víctima. El motivo eran las elecciones internas y el miedo que el secuestrado ganara los comicios y así se afectara el esquema extorsivo.
El implicado pedía USD 100 000 a la familia del socio para liberarlo. Luego bajó la cantidad a USD 50 000. El hombre fue rescatado por la Policía y días después, dispararon contra su casa, pero él ya había escapado del país por temor.
Según la denuncia, el presidente de la cooperativa acusado usaba información personal de los socios para amedrentarlos: fotos de familiares o vehículos para exigir dinero bajo la amenaza de secuestrarlos.
Como parte de la investigación, se capturó a dos personas que tenían USD 7 000 producto de las extorsiones. Ellos admitieron que el dinero era para alias Negro Tulio. Además se estableció que un miembro de la red tenía un esquema de cobro de USD 300 para matricular vehículos en la Agencia de Tránsito de Durán, entidad que actualmente está intervenida por la Policía. Como prueba, consta un depósito.
Alias Negro Tulio buscaba mantener aún el poder en entidades municipales de Durán
Alias Negro Tulio estaba al mando de una red conformada por miembros del grupo criminal y familiares o amigos dentro del cabildo, el Cuerpo de Bomberos, la Agencia de Tránsito de Durán y Registro de la Propiedad, para obtener contratos públicos. La investigación saltó a la luz pública en agosto de 2024, cuando las autoridades allanaron dichas dependencias.
El caso llegó a juicio y Julio Martínez fue sentenciado a 13 años de prisión. Pero ese a eso, supuestamente seguía buscando tener influencia en el Municipio de Durán. De acuerdo al expediente, la red del cabecilla atentó contra una entidad educativa vinculada a una vicealcaldesa del cantón ferroviario. Según las intercepciones telefónicas, la banda delictiva presuntamente entregó USD 8 000 para obtener beneficios en el área de matriculación de la ATD.
Esas gestiones -de acuerdo a lo dicho en la audiencia- dependía que otra concejal sea vicealcaldesa. Por eso, se planificó el atentado para presionar a la renuncia de Jessika S., quien dejó su cargo en junio de 2025. Quien la reemplazó, estuvo antes en ese puesto entre mayo de 2023 y mayo de 2025. En junio de este año, renunció como edil.
La investigación reciente permitió descubrir que la red de Negro Tulio quería seguir manteniendo contratos. Uno de ellos con la ATD por USD 207 000 para la adquisición de señalética.
En la audiencia se mencionó que se descubrió esa contratación con inconsistencias y que fue adjudicado a una persona de 20 años cuya actividad comercial registrada en el SRI es la fabricación de prendas de vestir de telas.
Los agentes establecieron que luego de la intervención en la ATD y que la entidad podría pasar a la Policía, los miembros de la red conversaron sobre ello y del contrato de señalética. La implicada es una mujer conocida como Fabiola, que habría gestionado e intervenido en los procesos de señalización vial del cantón.
Ella elaboró un informe de necesidad en 2022 cuando era jefe de Planificación y Proyectos en la ATD. Ahora está vinculada al caso de delincuencia organizada y tiene prisión preventiva junto a los otros 14 procesados.