El 26 de agosto de 2024, durante uno de los testimonios anticipados del caso Purga, se expusieron detalles sobre la supuesta corrupción relacionada con una acción de protección presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Ruth Solano, abogada vinculada al Cuerpo de Ingenieros y cooperadora de la Fiscalía, fue la primera en rendir testimonio en esta jornada. Solano, quien forma parte del programa de protección a víctimas y testigos, inició su declaración después de las 10:00, tras demoras debido a la ausencia telemática de los procesados.
Solano narró que la preocupación surgió a raíz de la terminación unilateral de un contrato con la Empresa de Obras Públicas en 2019, que involucraba un consorcio con el Cuerpo de Ingenieros. Dicha terminación podría haber resultado en la prohibición de recibir contratos públicos durante cinco años.
Los problemas se originaron en un contrato de repavimentación afectado por la pandemia de COVID-19, lo que llevó al Cuerpo de Ingenieros a presentar varias acciones de protección en Quito, todas ellas rechazadas.
Ante esta situación, Solano declaró que se buscó la asesoría del abogado Jorge Zavala Egas, quien sugirió presentar una nueva acción de protección en Samborondón. Esta acción fue presentada en diciembre de 2022 y asignada a la jueza Larissa Ibarra, quien también la negó en febrero de 2023.