Amnistía Internacional ha señalado que Ecuador no ha cumplido plenamente con la sentencia emitida en 2021 por la Corte de Justicia de Sucumbíos en el «Caso Mecheros».
Esta medida judicial ordenaba la eliminación gradual de los mecheros en las instalaciones petroleras, especialmente aquellos ubicados cerca de áreas pobladas.
En su informe titulado «Arde la Amazonía, arde el futuro», Amnistía Internacional critica al Estado ecuatoriano por no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) permitiendo la continua operación de estos mecheros en la Amazonía.
La sentencia de 2021, que fue impulsada por un grupo de jóvenes activistas climáticas de Sucumbíos y Orellana con el apoyo de la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (UDAPT), ordenaba la eliminación gradual de estos dispositivos, pero el informe revela que esta práctica nociva sigue siendo permitida.
El documento subraya que la quema de gas en los mecheros está directamente relacionada con el calentamiento global y la emisión de contaminantes como el metano, lo que representa una amenaza para los derechos humanos tanto en el presente como en el futuro.
A pesar de la sentencia judicial, el informe de Amnistía Internacional revela que las acciones tomadas por el Estado ecuatoriano y sus instituciones han priorizado el mantenimiento de la producción petrolera por encima de la protección ambiental y los derechos humanos.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, enfatizó que las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de implementar la sentencia de manera urgente.
Según Piquer, cumplir con la eliminación de los mecheros es un acto de justicia climática, medioambiental y racial, y es crucial para proteger la Amazonía y el futuro de las generaciones venideras.