La exministra Andrea Arrobo dejó su cargo después de apenas cuatro meses en el poder, el 16 de abril de 2024, en medio de una crisis energética.
El presidente Daniel Noboa solicitó su dimisión, atribuyendo a Arrobo un supuesto sabotaje que habría afectado al sector energético al día siguiente, el 17 de abril.
Además de Arrobo, otras 20 figuras gubernamentales también fueron señaladas como posibles colaboradores en la mencionada crisis.
El juicio político en su contra fue promovido principalmente por dos bancadas parlamentarias: el movimiento Construye y el Partido Social Cristiano (PSC), quienes el 24 de abril de 2024 oficializaron su solicitud, respaldada por 40 firmas.
Sin embargo, el proceso de interpelación contra Arrobo se retrasará debido a otros asuntos pendientes en la Comisión de Fiscalización, incluida una solicitud dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, presentada por la bancada correísta. Las tensiones políticas en torno a este tema están alcanzando su punto álgido en el país.