La vicepresidenta electa de Argentina, Victoria Villarruel, prometió durante la campaña electoral que revisaría la actual política de memoria, verdad y derechos humanos del país que indemnizó a miles de víctimas de la represión durante la última dictadura militar (1976 -1983).
La propuesta aún no ha sido detallada, pero la insistencia de la abogada de 48 años con esta agenda representa un giro en la política argentina, donde hasta ahora, según los analistas, había un relativo consenso entre la elite política sobre lo ocurrido con los militares en esos años.
El país es a menudo elogiado por historiadores y expertos internacionales en derechos humanos por haber seguido un proceso judicial contra los líderes militares, así como de haber juzgado y castigado a los torturadores.
En septiembre, la ESMA, uno de los mayores centros de tortura militar de ese período, transformada en la última década en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO .
Sin embargo, para la vicepresidenta electa, la política que han implementado no es correcta. Villarruel ha dicho que defiende la «memoria completa», que, según ella, debe considerar que hubo «una guerra» que colocó a los militares y fuerzas de seguridad de un lado y, del otro, a guerrillas de izquierda a las que ella llama «terroristas”.
En 2006 creó el Centro de Estudios Jurídicos sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) para buscar reparación para las víctimas de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organizaciones guerrilleras argentinas que actuaron desde principios de los años setenta, antes del golpe militar de 1976.
Los Montoneros tenían raíces peronistas, vinculados al movimiento creado por el expresidente argentino Juan Domingo Perón; el ERP era una organización de orientación trotskista.
Hija, sobrina y nieta de militares, Vicky, como la llaman sus seguidores, ha dicho que Argentina “ocultó” esa parte de la historia.
“Estamos logrando abordar un montón de ideas que eran impensables, que eran intocables, que no se podían cuestionar”, dijo Villarruel en la recta final de la campaña de la primera vuelta, en una entrevista con la radio Cadena 3, de la provincia de Córdoba.
El discurso de Villarruel es rechazado por defensores y activistas de derechos humanos que ven en este la negación histórica y una falsa simetría al comparar el uso del Estado para reprimir y matar a enemigos políticos durante la dictadura y las actividades guerrilleras durante ese período.
Analistas entrevistados por BBC News Brasil afirman que la propuesta de reparación para las víctimas de actos guerrilleros es legítima, pero también dicen ver en el discurso “un riesgo de retroceso” en la política de derechos humanos.