Más de 5 000 mujeres cabeza de familia condenadas a penas de prisión iguales o inferiores a ocho años comenzarán a quedar en libertad en Colombia cumpliendo un servicio social o un trabajo comunitario, como una medida sustitutiva de su condena.
Así lo contempla un decreto del Ministerio de Justicia que reglamenta la ley firmada por el presidente colombiano Gustavo Petro el pasado 8 de marzo en Quibdó, la capital del departamento del Chocó. El decreto 1451 fue firmado el pasado lunes y tiene como objetivo «reglamentar la prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva de la prisión».
Según el Gobierno, la medida tiene como punto central apuntar a una «resocialización» y la «garantía de los derechos humanos» de las mujeres condenadas para que puedan obtener una disminución en sus penas privativas de la libertad. La reglamentación de la ley puntualiza que el decreto no tendrá validez para las mujeres que estén condenadas por uso de menores para la comisión de delitos o por violencia intrafamiliar.
El documento detalla que las mujeres que pueden acogerse a estos beneficios son aquellas con penas por delitos como hurto, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, entre otros.
Los objetivos de la liberación de mujeres en Colombia
Otro de los objetivos es atender la situación del sistema carcelario, priorizar la resocialización y el respeto de los derechos humanos al igual que promover la inclusión de la disminución de la privación de la libertad, que está en el Plan Nacional de Política Criminal.