Han pasado casi tres meses desde que el presidente de la República, Guillermo Lasso, gobierna sin Asamblea Nacional. En este periodo excepcional, en que la Constitución le permite al mandatario emitir decretos-leyes, solo una de las cuatro normativas de este tipo ha sido aprobada por la Corte Constitucional (CC).
De acuerdo al estatuto ecuatoriano, los decretos-leyes deben cumplir con dos parámetros: tener el carácter de urgente y estar relacionados con temas económicos. Para la CC, tres de los cuatro documentos enviados por el Ejecutivo no han cumplido con estos requisitos.
«Esas reiteradas negativas han sido a los ciudadanos, no al Gobierno (…), con una interpretación subjetiva y sesgada de lo que es urgencia», indicó este viernes 4 de agosto, en entrevista en Contacto Directo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.
A pesar de esos reveses, el Gobierno de Lasso insistirá.
El Ejecutivo ya anunció que enviará «en los próximos días» a la CC un proyecto que busque acelerar la contratación pública y la ejecución de obras, como el mantenimiento de infraestructuras ante la muy posible llegada del fenómeno de El Niño.
En ese sentido, Cucalón explicó este viernes uno de los puntos del próximo decreto-ley. Mencionó que una de las propuestas es que la maquinaria incautada en operativos contra la minería ilegal sea utilizada por el Gobierno Nacional, prefecturas y alcaldías en trabajos de prevención y reparación.
Añadió que durante esta Administración se han incautado distintas máquinas, pero éstas deben ser «destruidas» porque «así lo manda la ley».
Por ejemplo, a inicios de mayo, militares, policías y personal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables destruyó los aparatos que habían sido decomisados durante operativos en campamentos de minería ilegal instalados en Napo y Orellana.