En el quinto día de audiencia de juicio contra la exlegistadora Nívea Vélez, procesada por presunta concusión, el fiscal subrogante Wilson Toainga solicitó el máximo de la pena contemplada en Código Penal: 4 años de prisión.
En su alegato de cierre, el fiscal Toainga señaló que «las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Vélez exigió, en otro sonado caso de diezmos en la Asamblea, contribuciones indebidas a sus subalternos, mismas que provenían de sus salarios como funcionarios de su despacho».
Un exfuncionario del despacho de Vélez la acusa de haberle pedido 40 mil dólares para conservar su empleo.
Esos requerimientos ocurrieron, según el proceso judicial, entre los años 2009 y 2013. El dinero se habría destinado al movimiento político «Convocatoria» lideraba por Vélez en Loja.
Vélez ha insistido en su inocencia y sostiene que esa «denuncia tardía» tiene otras motivaciones. «Es un caso de violencia política, pues nació cuando yo me atreví a presentarme como candidata a la alcaldía de Loja en una ciudad en donde durante 26 años se turnaron dos alcaldes».
«En las cuentas de Nívea Vélez no hay un solo centavo depositado por nadie, por ninguno de los asesores», dice su abogado, Javier Manzanillas.
Al término de esta audiencia, que se prevé dure varios días, el Tribunal valorará las pruebas y decidirá si dicta sentencia condenatoria o la declara inocente.