Ecuador tiene 33 cárceles con una capacidad total para albergar a 28 000 personas privadas de la libertad. Sin embargo, actualmente existen 40 000 detenidos.
Este hacinamiento del 30% es, a decir de las personas que han seguido de cerca el tema de las prisiones en Ecuador, una de las causas de la violencia en los centros carcelarios, que ha dejado más de 230 personas asesinadas en lo que va del 2021.
En el caso de la Penitenciaría del Litoral, la situación es más dramática. Este centro fue diseñado para albergar a 5 200 prisioneros, sin embargo en su interior conviven 8 542 personas, lo que quiere decir que la sobrepoblación es del 62,8%.
Ante esto, el Gobierno comenzó un proceso para reducir la población carcelaria a través de indultos y extradiciones.
En el caso de los indultos, se emitió el Decreto 264 que beneficia a “toda persona que haya sido sentenciada por las infracciones previstas en los artículos 383 y 386 del Código Orgánico Integral Penal, COIP”.
Esto beneficia directamente a las personas sentenciadas por delitos de tránsito que no provocaron muertes ni lesiones.
En el Decreto 265, por su parte, se otorga el indulto a personas con enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, tuberculosis multidrogorresistentes y/o coninfección TB – VIH.
En ambos casos, se perdonan totalmente las penas privativas de la libertad, pero no se extingue la obligación de la reparación integral que cada una de las personas que se benefician de ese indulto. Tampoco se perdonan multas u otras penas no privativas de la libertad de las personas que han sido sentenciadas.
Para Lisset Coba, antropóloga, lo que debe hacer el presidente es sacar de las cárceles a la mayor cantidad de personas posibles de la forma más rápida, y no exponerlas para que sean asesinadas.
El 13 de noviembre fueron asesinadas 68 personas en la Penitenciaría del Litoral, 49 de las cuales se encontraban detenidas en el área de Transitoria, que albergaba a autores de delitos menores, accidentes de tránsito, delitos financieros y hasta deudores de pensiones de alimentos.
“Debería salir más gente y evitar que entre tanta gente a las prisiones”, añadió Coba, que ha trabajado durante dos décadas en temas relacionados a las cárceles, en referencia al excesivo uso de la prisión preventiva, denunciado por algunos juristas.
El propio Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) apunta que la entrada en vigencia del COIP se produjo una “dependencia excesiva de la pena de prisión y la prisión preventiva”, lo que provocó que se incremente el ingreso de personas a los centros de detención.
Según datos oficiales, el 42% de los detenidos en el país no ha recibido una sentencia y están dentro de procesos abiertos, que se extienden por años.
Otra de las medidas tomadas por el Gobierno para reducir el hacinamiento en las prisiones del Ecuador es la repatriación de personas extranjeras que se encuentran detenidas en el sistema carcelario del país.
