Archipiélago, el colectivo disidente cubano que convocó la protesta del 15N, acusó este martes 16 de noviembre al Gobierno de violar sus derechos fundamentales y propuso prolongar las protestas hasta el 27 de noviembre.
En un comunicado emitido de la madrugada para hacer balance de la jornada previa, argumentó que “las causas que motivaron la convocatoria del 15N siguen vigentes” y que el Gobierno “no ha entendido el mensaje”, por lo que apuesta por insistir.
Por eso propone seguir levantando la voz, mediante pequeñas acciones y hechos simbólicos, contra el Gobierno, para exigir un cambio político pacífico y dialogado en el país, además de la liberación de los presos políticos y de conciencia y el respeto a los derechos fundamentales.
Entre otras, pide seguir usando las ropas de color blanco como reivindicación política, mantener lemas opositores como tendencia en las redes sociales y un cacerolazo diario a las nueve de la noche.
“Si el Gobierno no ceja en su empeño de violar nuestros derechos, nosotros continuaremos la lucha cívica hasta que Cuba sea un Estado de Derechos, una República con todos y para el bien de todos”, asegura el comunicado de Archipiélago.
El colectivo criticó la respuesta del Gobierno ante su convocatoria de una marcha para este lunes, por no respetar su “derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocidos por la Constitución de 2019″, poniendo a su juicio “a cubanos contra cubanos”.
El Gobierno cubano, prosigue el texto, ha recurrido al “terror” contra el desacuerdo y respondido “como lo hace una dictadura”, con “militarización extrema de las calles”, más de 100 activistas sitiados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de repudio, violencia, amenazas, coacción y discursos de odio.
Fuerzas de seguridad
La marcha del 15N, que el Gobierno no autorizó, se vio frustrada por un gran despliegue de fuerzas de seguridad en las principales ciudades, así como acciones individuales contra decenas de activistas, opositores y periodistas independientes.
Algunos fueron detenidos, otros forzados a quedarse en sus domicilios y varios denunciaron mítines de repudio frente a sus casas por parte de grupos de personas afines al Gobierno.
El Ejecutivo cubano, por voz de su canciller Bruno Rodríguez, calificó este lunes la iniciativa de “operación fallida” de Estados Unidos.
Las autoridades cubanas retiraron el pasado sábado, horas antes del inicio de las protestas, las acreditaciones a los periodistas y reporteros gráficos de la Agencia Efe en Cuba sin explicar los motivos ni aclarar si se trataba de una medida temporal o permanente.
Horas después las autoridades se las restituyeron a dos de los seis periodistas del equipo, algo que la presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, considera “insuficiente” y reclama que se devuelvan todas.