República Dominicana reconoció este 12 de noviembre del 2021 que ha comenzado a deportar a mujeres haitianas embarazadas, una polémica decisión que se enmarca en un paquete de medidas anunciadas para frenar la inmigración desde el país vecino.
Las repatriaciones de las gestantes haitianas suman “cientos” desde que se dio inicio a las deportaciones el pasado martes 9 de noviembre, según reveló el titular de la Dirección General de Migración (DGM), Enrique García.
La controvertida medida, que se tomó debido a la saturación de los hospitales dominicanos, se adopta en un momento de turbulenta crisis política y de violencia en Haití.
Los argumentos del Gobierno
El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, argumentó este 12 de noviembre que el país no puede hacer frente al costo médico que supone atender a ese colectivo, que suma el 29.94% de los partos en los hospitales públicos dominicanos, según datos del Sistema Nacional de Salud (SNS) actualizados hasta octubre.
En esta misma línea se expresó el ministro de Salud, Daniel Rivera, que convocó una rueda de prensa para explicar la situación de las maternidades del país, cuya capacidad no puede soportar en incremento de parturientas haitianas.
Actualmente se registran 100 partos de madres haitianas por día, lo que supone cerca del 30 % de los nacimientos en República Dominicana, un porcentaje que ha ido aumentando paulatinamente desde el 12,5 % registrado en 2018, explicó.
Si la tendencia continúa en aumento, se proyecta que en 2022 el 40% de los partos corresponderán a embarazadas procedentes del país vecino, sean residentes o no en República Dominicana.
Esto supone que “las dominicanas tienen que migrar al sector privado” porque las plazas de obstetricia son limitadas, una limitación incrementada por la pandemia de covid-19, agregó.
Miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto de Haití como de República Dominicana, presenciaron cómo se deporta a estas mujeres, tras participar en una reunión de la Mesa de Diálogo Transfronterizo celebrada el jueves 11 de noviembre en el municipio fronterizo de Comendador, provincia Elías Piña.
El coordinador general de la Fundación Frontera Sur, Pedro Cano, narró a Efe que vieron llegar dos autobuses de la DGM con personas que iban a deportar.
Con “incredulidad” y “estupor”, observaron que “iban bajando 43 mujeres en diferentes estados de gestación, desde los tres a ocho o nueve meses” y hasta una persona con ambos brazos vendados.
“Las mujeres bajaban, muchas de ellas, llorando. No traían grandes enseres ni bultos, algunas se tapaban la cara” y, las que quisieron contar su caso, dijeron que vivían en Santo Domingo y que cuando iban a su chequeo rutinario en el Hospital de San Lorenzo de Los Mina y otros centros habían sido interceptadas y detenidas por la DGM y por el Ejército.
Esta práctica “no es regulación de la migración, es lacerar los derechos más básicos de población doblemente vulnerable” por su condición de migrantes y por ser personas de escasos recursos, opinó Cano.
Además, según apuntó, contraviene la propia Constitución dominicana, la Ley General de Salud, así como diversos tratados y acuerdos internacionales firmados libremente por el país, y una resolución administrativa “no puede estar por encima” de esas normas.
La ley de Migración dominicana faculta a la DGM a hacer deportaciones automáticas de cualquier inmigrante en condición irregular, pero el reglamento que regula esta ley prohíbe detener a mujeres embarazadas.
Del mismo modo, República Dominicana se comprometió a evitar la separación de familias en un protocolo de entendimiento firmado con Haití en 1999 para regular los mecanismos de repatriación.
Con las medidas adoptadas, los hospitales públicos solo atenderán a extranjeros indocumentados en casos de emergencia médica y se prohibirá la entrada al país de mujeres embarazadas de más de seis meses si no cuentan con el seguro médico correspondiente.