El régimen de Nicolás Maduro rechazó de forma categórica el pronunciamiento emitido por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en relación con las personas privadas de libertad en el país.
La ONU instó al gobierno socialista a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la atención médica a los detenidos, considerar medidas alternativas de detención y liberar a todos los detenidos arbitrariamente”.
Las declaraciones de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU surgen tras la muerte del general Raúl Isaías Baduel en custodia del régimen venezolano.
En tanto, el gobierno de Maduro aseguró que “garantiza a todas las personas privadas el disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la debida atención médica, de conformidad con lo previsto en Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República”.
Según el canciller madurista, Félix Plasencia, la OACNUDH ha podido constatar la actuación del Estado en las 33 visitas que ha realizado a los centros de detención del país, donde ha entrevistado a más de 410 personas privadas de libertad.
“En el país no existen personas detenidas arbitrariamente. Todas y cada una de las personas privadas de libertad se encuentran sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con todas las garantías para un juicio justo, sobre la base del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores chavista.
“Venezuela lamenta que la OACNUDH ceda sistemáticamente a las presiones de aquellos sectores que pretenden seguir utilizando el tema de los derechos humanos con fines políticos, al tiempo que invisibiliza las reformas estructurales adoptadas por el Estado venezolano para fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad”.