Cada año, el Estado gasta más de $3.000 millones para sostener el ineficiente sistema de comercialización de combustibles. Ese valor representa 12 veces más que lo destinado a la red de protección y ayudas sociales o más del doble del presupuesto para salud pública.
A pesar de las presiones y amenazas de sectores políticos y sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el presidente Lasso ha recalcado que no se dará marcha atrás en el proceso de la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Ese subsidio es uno de los principales componentes de ese sistema ineficiente y caro. Desde hace varias semanas, los transportistas y el Gobierno han llevado a cabo mesas de diálogo para establecer la mejor opción de focalización.
Gobierno analiza tres opciones
Aunque todavía no hay una fecha definida para que se anuncie la opción acordada para focalizar el subsidio a los combustibles, el Gobierno analiza al menos tres opciones como las más opcionadas para destrabar el problema.
En primer lugar, se podría optar por el uso de tarjetas de débito con valores establecidos para cada transportista. Es decir, se fijaría un consumo mensual que se mantendría con precios subsidiados y que se cargarían en esa tarjeta para las unidades que estén registradas y sean legales en todo el país.
Por su parte, Oswaldo Erazo, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), puntualizó que otra opción es que los transportistas puedan pedir, mediante la presentación de las facturas de pago de combustibles, un reembolso al Estado.
Finalmente, las ayudas directas a los sectores más pobres están incluidas en el último acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde incluso se establece que más de $500 millones de ahorro por desmontar los precios subsidiados de los combustibles deben ir a fortalecer la red de protección social y los bonos.