Dos testigos, cuya identidad es mantenida en reserva por las autoridades estadounidenses, fueron determinantes para que el agente del FBI, Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, James Kelly, armara el rompecabezas del esquema de sobornos en Petroecuador relacionado con un contrato de venta anticipada de fuel oil no. 6, que se firmó en las postrimerías del correato, el 6 de diciembre de 2016.
En su declaración presentada ante el juez que lleva el caso, Kelly aseguró que el ejecutivo de la gigante mundial Vitol Inc., el mexicano estadounidense Javier Aguilar, negoció obtener el suministro de fuel oil con dos consultores o intermediarios petroleros y dos funcionarios de Petroecuador. El pago de los sobornos provino de una comisión de 25 centavos de dólar por cada barril que llegara a las manos de Vitol, indicó Kelly.
En julio del año pasado, cuando se presentó la acusación fiscal en Estados Unidos, había pagos atrasados por concepto de comisiones y sobornos por este millonario negocio, realizado con la venta de residuo de combustible ecuatoriano, cuyo nivel de producción es mucho menor que el de barriles de crudo. De acuerdo con Kelly, a febrero del 2020, uno de los implicados envió por correo una hoja de cálculo Excel y hasta entonces los consultores habían cobrado $ 2,5 millones en comisiones.
El agente aseguró que eran 17 millones de barriles los que se habían negociado y que se entregaron a Vitol, aunque el contrato original fue con la estatal Oman Trading International Limited (OTI), usada como “compañía de pantalla. Petroecuador no presentaba contratos con entidades estatales para concurso público”. La multinacional Vitol, fundada en Holanda, tiene una filial en Houston, en la que laboraba Aguilar.
Este Diario confirmó, gracias a un recurso de acceso a la información presentado ante Petroecuador, que para cumplir el contrato 2016-949 con OTI, Petroecuador embarcó 17′027.385 barriles entre enero del 2017 y junio del 2019. Si se toma en cuenta la comisión de 25 centavos de dólar, el dinero en juego sería $ 4′256.846.
La identidad de los intermediarios y funcionarios ecuatorianos sigue siendo un misterio. No se precisa si algunos de ellos son los dos testigos “que han entregado acuerdos de cooperación con el Gobierno (de EE. UU.) y van a presentar declaraciones de culpabilidad”. Estas personas, según se indicó en los documentos, “han admitido… haber participado en una y más conspiraciones para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)” y su colaboración se debe a que aspiran a reducir las penas de su futura condena.
La información que entregaron los testigos se ha podido corroborar con registros bancarios, correos electrónicos y otros mensajes, así como conversaciones grabadas durante la investigación, cita la denuncia contra Aguilar.
Además de Aguilar, en los documentos judiciales se señala que en el esquema intervinieron:
- Dos compañías fantasmas;
- Un intermediario financiero oriundo de Curazao y conocido del mexicano;
- El consultor #1 que es ciudadano de Ecuador, Estados Unidos y España, y vivía en Florida;
- Un consultor #2, con ciudadanía ecuatoriana-española, pariente cercano del #1 y también residente de Florida;
- Una empresa de los consultores en Islas Vírgenes Británicas;
- Un funcionario de Petroecuador #1 que era directivo entre 2010 y mayo del 2017, y mantiene una cuenta bancaria en Portugal, y
- Un funcionario #2, que ocupó algunos cargos en el Ministerio de Hidrocarburos entre 2013 y 2016.
No está claro en los documentos judiciales cómo fue el reparto de las comisiones y de los sobornos. Los fiscales aseguraron que, entre mayo del 2018 y marzo del 2020, los consultores recibieron $ 1,4 millones de un total de $ 3,6 millones que se les debía entregar como parte del esquema. A su vez, el funcionario #1 recibió $ 600.000, de un total de $ 1,5 millones, y el funcionario #2, $ 270.000.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, los implicados se pusieron de acuerdo desde marzo del 2015 para lograr el contrato y acordaron que la empresa consultora pagaría la comisión de 25 centavos de dólar por barril. OTI “entregó el préstamo (a Petroecuador) usando fondos aportados” por Vitol para ese propósito, se indicó en la denuncia. Fueron $ 300 millones de pago por anticipado. En realidad, ese dinero fue al presupuesto del Estado, un préstamo con una tasa de 6,85 % anual, garantizada por la entrega de fuel oil entre enero del 2017 hasta junio del 2019.