El Tribunal Contencioso Electoral analizará si se cumplió con los requisitos de forma en el proceso de remoción.
El alcalde Jorge Yunda envió al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) un pedido de consulta sobre el cumplimiento de formalidades y procedimientos en su remoción. A partir de que este organismo admita a trámite la solicitud tendrá diez días laborables para emitir un dictamen. El juez sustanciador que analizará esta solicitud es Arturo Cabrera.
La madrugada del jueves 3 de junio, el Concejo Metropolitano resolvió la remoción de Jorge Yunda como alcalde de la ciudad. En total fueron catorce votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra los que dieron paso para que Yunda fuera removido. La denunciante Carolina Moreno apoyada por Jéssica Jaramillo, las dos, representantes del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito.
Para el constitucionalista Ismael Quintana, el alcalde tiene esta última posibilidad legal para intentar seguir en su cargo, sin embargo, es jurídicamente restringida ya que el TCE realizará una revisión únicamente de forma al proceso. “El TCE, por ejemplo, no puede entrar a decidir sobre si hubo o no alguna causal, si las pruebas estuvieron bien o mal planteadas porque los aspectos de fondo quedan legalmente excluidos”.
Jorge Acosta, abogado defensor del alcalde de Quito, acudió el martes 8 de junio al TCE para ingresar el documento. Estas son las observaciones que envió Jorge Yunda al TCE:
- “No basta la sola afirmación de la denunciante con respecto a que se violentó el ejercicio del derecho de participación ciudadana en la gestión del Municipio de Quito, al no haber convocado a la máxima instancia”. Según Yunda, lo presentó por vía telemática.
- El Concejo está integrado por 21 concejales y sumado el alcalde son 22 personas, “para motivos de esta reunión pudieron haberse reunido 18 o 16, pero la ley exige que sea resuelto con las dos terceras partes de los integrantes”, según Acosta, tenía que contar con 15 votos.
- Principalización ilegal de la concejala Paulina Izurieta, alterna de Mario Granda, quien se encuentra hospitalizado por COVID-19. Según el documento enviado al TCE, un asistente del concejal fue el que presentó un certificado y la redacción de un tercer oficio aparentemente dictado por el concejal Granda estaría sin la firma de él. Además, la defensa de Yunda ingresó un certificado médico sobre la situación del concejal.
- No ha actuado el secretario de Concejo titular, sino Damaris Ortiz, encargada de dicha Secretaría, “cuando el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización exige que sea el secretario titular quien realice las actuaciones correspondientes a este tipo de trámites”.
El concejal y miembro de la Comisión de Mesa Fernando Morales dijo que se ha cumplido con el debido proceso y que sería extraño si el TCE toma una decisión en contra de lo que decidió el Concejo.
Jéssica Jaramillo, patrocinadora de la denuncia de remoción, mencionó que las observaciones enviadas por la defensa del alcalde no tienen sustento. Sobre los catorce votos cuestionados por la defensa de Yunda, explicó que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) dice que no se contará al denunciado para la sesión de Concejo, por ello solo se requerían los catorce votos.
Sobre la principalización de la concejala Paulina Izurieta, dijo que Mario Granda se encuentra en unidad de cuidados intensivos (UCI) inducido a coma, por lo tanto, se encuentra en una condición de caso fortuito o fuerza mayor. “Es decir, obviamente no podía firmar, lo equivocado sería que alguien haya firmado el documento por él, eso sí hubiese sido un fraude procesal, lo que están haciendo es aplicar la normativa en donde se principalizó a la concejala de acuerdo a la norma”, añadió.
Sobre la validez de lo actuado por la secretaria Damaris Ortiz, puntualizó que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece las formas de subrogación e incluso el mismo TCE señala que el secretario encargado cumple las mismas funciones del secretario titular. Esto lo confirmó Ismael Quintana, “tiene total invalidez jurídica, eso no anula el proceso de remoción, porque con ese argumento querría decir que todo lo actuado por el Concejo municipal en las decisiones que ha actuado el propio alcalde Yunda quedarían nulas”.
Ayer se concentraron varias personas en los exteriores del TCE con carteles y mensajes de respaldo al alcalde Jorge Yunda, hoy también se registró la presencia de personas, sin embargo, eran detractoras de la administración del alcalde.
