Una vez que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, hizo el recuento de los elementos de convicción que mantiene para haber emitido un dictamen acusatorio contra los catorce procesados por el delito de peculado que se habría dado en el Municipio de Quito cuando la Secretaría de Salud adquirió 100.000 pruebas para detectar COVID-19, él solicitó al juez de la causa que emita un auto de llamamiento a juicio para todos los implicados.
“Habiéndose establecido en base a la teoría de los engranajes conductuales la diferente participación de las personas, mediante las conductas vinculadas unas con otras que permitían la consecución del acto final en la disposición arbitraria de dineros públicos (…). En aplicación del principio de conectividad indiciaria, cuyos elementos exigen que la relación causal que permite establecer un vínculo conectivo entre cada una de las causas que motivaron el hecho delictivo, (…) esta Fiscalía solicita se emita un auto de llamamiento a juicio en contra de todos los procesados”, explicó Santillán en su pedido.
Entre la tarde del lunes último y la mañana de este martes, el fiscal Santillán emitió dictámenes acusatorios contra los catorce procesados a quienes Fiscalía señala tener algún tipo de responsabilidad en las irregularidades detectadas en el contrato de $ 4,2 millones suscrito por el Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A. para adquirir 100.000 pruebas para detectar “COVID-19-Polimerasa”.
La teoría de la Fiscalía apunta a que Salumed S. A. no entregó pruebas PCR-Polimerasa sino pruebas Isopollo COVID-19 con tecnología RT Lamp, lo que significaría que la diferencia en lo entregado estaría en la sensibilidad y la especialidad para detectar el virus. “La empresa no cumplió con el objetivo del contrato y los procesados, pese a esto, recibieron el producto y lo usaron durante la pandemia”.
Además, desde Fiscalía se habría definido que a pesar de los incumplimientos ubicados en la contratación, se finiquitó el contrato de mutuo acuerdo, cuando se había debido terminarlo de forma unilateral, ejecutar las garantías y declarar a Salumed S. A. como proveedor incumplido.
El primero en recibir un dictamen acusatorio fue el alcalde de Quito, Jorge Yunda, como autor mediato. Luego, el fiscal Santillán emitió un dictamen acusatorio contra el exsecretario de Salud del Municipio de Quito Lenín Mantilla y Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S. A. A ambos los calificó como autores directos del delito de peculado.
Además, el mismo lunes último, en calidad de coautores, la Fiscalía emitió un dictamen acusatorio contra Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio de Quito; Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud; Enrique B., exdirector metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud – Comisión Técnica; Diego S., presidente de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud; Iván M., responsable del estudio de mercado e informe de necesidad de la Secretaría de Salud; Simón V., miembro de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud; y José M., a cargo del informe de necesidad, mercadeo y especificaciones técnicas de la Secretaría de Salud.
