En Atacames, Esmeraldas, el operativo Libertad 1059 permitió liberar a un hombre que habría sido secuestrado junto con su esposa y su hija de apenas dos meses de edad.
Según la información policial, cinco sujetos habrían ingresado por la fuerza a una vivienda, donde sustrajeron varios objetos y posteriormente se llevaron al hombre. Horas después, la mujer y la bebé fueron liberadas, mientras los presuntos secuestradores exigían USD 60.000 a cambio de la liberación del ciudadano.
Tras las labores de investigación, la Policía identificó el lugar donde la víctima permanecía retenida y ejecutó una intervención que permitió su liberación. En el procedimiento fueron aprehendidos Kevin Alexander Pata Salazar, Joan Stick Campo Carranza y Maykel Joel Cheme Portez.
Como indicios se encontraron tres motocicletas, dos de ellas reportadas como robadas; un vehículo, 10 cartuchos, dos celulares y dos radios de comunicación.
En otro procedimiento, correspondiente al operativo Libertad 1060, desarrollado en Montalvo, Los Ríos, tres personas fueron aprehendidas luego de una investigación relacionada con una presunta extorsión por USD 20.000.
De acuerdo con la Policía, cuatro sujetos armados habrían intentado ingresar a un inmueble con el objetivo de sustraer dinero que la víctima había retirado previamente de una entidad bancaria. Tres horas después, la persona habría comenzado a recibir mensajes a través de WhatsApp de individuos que aseguraban pertenecer a una organización denominada “La Mafia”, quienes exigían USD 20.000 y amenazaban con atentar contra ella y sus familiares.
Como parte de las investigaciones se realizaron allanamientos en Babahoyo y Riobamba, donde fueron aprehendidos Wendy Jamilex García Párraga, Edwin Felipe Troya Campos y Ronald David Santos Cadena.
La Policía informó que Santos registra antecedentes por robo en 2020 y por tenencia y porte de armas en 2026.
En este procedimiento se decomisaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y una motocicleta.
Los seis aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica y continúe el debido proceso.