El expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, fue sentenciado, junto a su hijo Jacobo Bucaram, a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. Además, el tribunal impuso una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, es decir, USD 9.640.
Tras varios intentos fallidos por conocer la resolución, finalmente la noche del 9 de septiembre se hizo pública la sentencia. El proceso judicial determinó la existencia de irregularidades en la comercialización de alrededor de 21.000 pruebas rápidas para la detección de COVID-19, además de mascarillas y otros insumos médicos.
La causa también estableció la responsabilidad penal del exmandatario por el hallazgo de insumos médicos en su domicilio en 2020, así como por una serie de actos que, según el juez, determinaron su participación y responsabilidad en los hechos investigados.