Por tercera ocasión, el concejal Wilson Merino planteó que los problemas relacionados con la seguridad vial sean abordados de manera prioritaria por el Concejo Metropolitano de Quito. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez contó con el respaldo de los familiares y allegados del niño fallecido. Sin embargo, la propuesta no obtuvo el apoyo necesario para prosperar.
“Un Concejo Metropolitano que da un minuto de silencio pero vota en contra de dar paso a esta solicitud. Entonces, ¿a qué jugamos? Es lamentable tener un Concejo tan triste que habla de violencia política, pero de la violencia hacia nuestra gente y de la indolencia. Un minuto de silencio no nos recuperará una vida”, manifestó Raphael Estevanott, amigo del menor fallecido.
Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), las autoridades han brindado acompañamiento a la familia durante los procesos legales derivados del caso.
En tanto, al conductor involucrado se le dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, una decisión que ha generado inconformidad entre amigos y personas cercanas a la familia de la víctima.
La discusión se produce en un momento en que el Concejo también analiza el posible incremento de la tarifa del transporte público y los mecanismos de subsidio para los operadores.
Para varios concejales, resulta preocupante que continúen registrándose siniestros de esta naturaleza mientras se debaten mejoras económicas para el sistema de transporte.
“No estamos poniendo la seriedad que tenemos que tener, ni el control que debemos realizar nosotros al ser dueños de este servicio y entregarlo a una tercera persona. Es necesario que se sancione a las personas que incumplen con todos los parámetros establecidos y no analizar una subida de precio cuando no estamos cumpliendo con los parámetros”, manifestó Estefanía Grunauer, concejala de Quito.
Durante la sesión, representantes de universidades también solicitaron que se estudie la implementación de una tarifa diferenciada para estudiantes que asisten de manera presencial a clases.
Se prevé que la ordenanza relacionada con la revisión tarifaria sea tratada durante la segunda semana de julio. De aprobarse, el incremento podría entrar en vigencia a partir de enero. Pero lo que aún no se ha detallado es cómo se administrarán los recursos destinados a la subvención del transporte público durante los meses restantes de este año.