El nombre de Álex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, no es indiferente para Ecuador. En el país funcionó una empresa que tenía hilos con su persona: Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons), la cual habría lavado USD 159,9 millones en el sistema financiero ecuatoriano entre diciembre del 2012 y marzo del 2013, según Fiscalía.
Justamente, por esos millonarios movimientos inusuales, las alertas se levantaron y la Fiscalía formuló cargos en contra de cuatro personas por presunto lavado de activos. No obstante, el proceso quedó anulado con decisiones judiciales que generaron sospecha.
Años después, los magistrados que intervinieron en esa causa fueron destituidos y afrontan sentencias. El nombre de Álex Saab vuelve a palestra pública tras su extradición a Estados Unidos.
En un boletín de julio 2025, el Ministerio Público relató que en 2023 se allanaron las oficinas de Foglocons e incautaron “facturas y documentos comerciales relacionados con el posible lavado de activos”.
En la audiencia preparatoria de juicio, en julio de 2014, la jueza de la Unidad Judicial Penal del Guayas, Madeline Pinargote, anuló el caso argumentando que entre los indicios levantados había correspondencia, la cual es inviolable.
Este fallo de la magistrada le valió una condena de tres años de cárcel por prevaricato en 2014. Mientras que en 2022 se ordenó su localización y captura.
Jueces del caso Purga enterraron investigación
El 4 de septiembre del 2014, un Tribunal ratificó la nulidad. Tribunal que estuvo conformado por Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y Manuel Suárez.
Fabiola Gallardo y Johan Marfetán fueron procesados por presunto prevaricato en julio de 2015, proceso impulsado por el fiscal genera Galo Chiriboga, pero no hubo destitución ni sentencia.
Los dos sí fueron sentenciados en primera instancia por delincuencia organizada en el caso Purga. Recibieron una condena de 13 años de cárcel en marzo de 2025. Según la acusación de Fiscalía, Gallardo y el exasambleísta Pablo Muentes habrían “dirigido y ejecutado un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas”.