A más de un año de haberse instalado la audiencia de juzgamiento en el caso Pruebas Covid-19, proceso penal en el que se investiga por delito de delincuencia organizada al expresidente Abdalá Bucaram Ortíz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley; al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro Berrones; y al israleí Sheinman Oren, los jueces Gandhy Cervantes (ponente), Ivonne Vásquez y Pablo Coello, integrantes del Tribunal de Juicio, entraron a deliberar sobre la decisión que tomarán contra los acusados.
La tarde del pasado jueves, 14 de marzo, con la exposición de los alegatos de cierre de la Fiscalía y los cuatro acusados, los jueces penales decidieron suspender una diligencia de juzgamiento que se instaló el 11 de abril de 2025, tras más de diez diferimientos. Algo más de veinte días no consecutivos duró la etapa del juicio en la que la fiscal de la causa, Lidia Sarabia, presentó su prueba para fundamentar una teoría que habla de que los procesos estaban involucrados con supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas, 21.0000 pruebas rápidas para diagnosticar Covid-19 y otros insumos.
Según Sarabia, los cuatro procesados son acusados de, entre marzo y octubre de 2020, haber planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas a la negociación de pruebas para la detección de Covid-19 y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador, obteniendo réditos económicos. Para ello, dijo la Fiscalía, habrían incurrido en otras infracciones penales como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público y evasión tributaria.
Para sustentar la participación de Abdalá y Jacobo Bucarán, Leandro Berrones y Sheinman Oren en el delito de delincuencia organizada la representante de la Fiscalía General presentó los testimonios de 50 personas entre peritos y testigos, así como pruebas documentales.
Cuatro circunstancias agravantes podrían originar el incremento en un tercio de la eventual pena de cárcel que podría definirse en el caso por delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortíz, su hijo Jacobo, el exagente de la AMT de Quito, Leandro Berrones, y el israleí Sheinman Oren.
La fiscal Sarabia aseguró en su “alegato de apertura” que en esta audiencia probará que existió un grupo organizado de más de dos personas quienes de forma reiterada y concertada, es decir, no de manera fortuita, sino más bien de una manera planeada, planificada y estructurada han cometido delitos de más de cinco años, incluso con roles definidos.
Las posibles agravantes que modificarían la sentencia:
Sarabia adelantó que probará la existencia de al menos cuatro agravantes definidas en el artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según la Fiscalía, para cometer las irregularidades investigadas habrían existido reuniones, concertaciones y relación telefónica; que la comisión de delitos se dio con el fin de obtener beneficios de orden material o económico, aprovechando el estado de excepción, adecuando su conducta al delito de delincuencia organizada, tipificado en el 369 del COIP.
Las cuatro agravantes ubicadas, de las 22 registradas en la norma, serían: la definida en el numeral 4, aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, fenómeno de la naturaleza para ejecutar la infracción; la número 13, utilizar indebidamente insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares, policiales o religiosos como medio para facilitar la comisión de la infracción; la número 16, utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de instituciones o empresas públicas, con la finalidad de pretender pasar por funcionarias, funcionarios, trabajadoras, trabajadores, servidoras o servidores públicos, como medio para facilitar la comisión de la infracción; y la número 19, aprovechar su condición de servidor público para el cometimiento de un delito.