El asambleísta de RETO, Raúl Chávez, lleva 11 días prófugo. El 27 de marzo fue vinculado al caso Goleada. Su abogado presentó la apelación a la orden de prisión preventiva, al igual que los hermanos Aquiles, Xavier y Antonio Álvarez, pero aún no hay fecha para la audiencia.
La Fiscalía basó su vinculación en la ampliación de la versión de José Cevallos, gerente financiero de las empresas de los Álvarez, procesado en el caso Triple A.
Según el fiscal, él dijo que Chávez obtuvo dinero de la supuesta estructura mediante la emisión de facturas por servicios profesionales que nunca se prestaron.
“Chávez facturaba a Corpalubri por ‘servicios profesionales’ con periodicidad mensual y cobraba en cheque; sin embargo, sus facturas correspondían en realidad a comisiones por venta de combustible… Él ganaba el 25 % de la utilidad bruta por ventas realizadas a empresas como Acotrans, Molinos Champion, RFS y Unicol”.
Según el versionante, recibió USD 135 mil por esas comisiones. José Cevallos también aseguró que, por disposición de Aquiles Álvarez, Chávez recibió vehículos de la empresa Ternape sin una transacción económica real.
Uno a nombre de él, quien, para justificar el pago, presentó una factura de USD 40 mil. Y otro a nombre de su empresa CHN. Ternape presentó una carta de venta, también por USD 40 mil, sin factura ni pago.
El fiscal expuso, además, que Chávez recibió dinero mediante su empresa sin una relación comercial real. Según él, se ordenaron transferencias desde Corpalubri a la cuenta de CHN por USD 150 mil y, para justificar, CHN facturó a Corpalubri cerca de USD 400 000 entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, bajo conceptos ficticios de “planificación de gestión” y “estudios de variación de combustible”.
Finalmente, la Fiscalía agregó información tributaria, de la UAFE y de la Superintendencia de Compañías. Chávez y su abogado sostienen que el caso responde a una persecución política y a una retaliación por no ceder el movimiento RETO.