Desde septiembre de 2025, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha anunciado en tres ocasiones el inicio de una “nueva fase” en la guerra contra el crimen organizado en Ecuador.
El más reciente aviso, del 2 de marzo de 2026, incluye operaciones conjuntas con Estados Unidos que tenían previsto desplegarse en medio de un toque de queda anunciado entre los próximos 15 y 30 de marzo, en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo.
Pero un día después del anuncio, el 3 de marzo, el Comando Sur de Estados Unidos reveló que “las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas” en Ecuador, una categoría que Washington asignó en septiembre de 2025 a los grupos armados organizados de Los Choneros y Los Lobos.
La cooperación binacional busca ‘estrangular’ la salida de cocaína en los puertos y, sobre todo, atacar el contrabando de oro, afectando el financiamiento que reciben los grupos criminales de la minería ilegal.
Este giro -operaciones en marcha antes incluso de la emisión de un decreto oficial de toque de queda- genera suspicacias. ¿La estrategia de anunciar con tanta antelación las operaciones busca provocar movimientos en las estructuras delictivas -transferencias de dinero, traslado de armas o reubicación de narcóticos- para interceptar comunicaciones, ejecutar capturas y desmantelar redes criminales?
¿Un aviso previo como señuelo?
El anuncio de operaciones militares y policiales con casi 15 días de antelación suena extraño, pero según el analista André Santos habría sido un mensaje deliberado del Gobierno y tiene un objetivo táctico concreto: obligar a las estructuras criminales a moverse y, al hacerlo, delatar sus redes.
Esta “maniobra de inteligencia”, según el abogado especialista en derecho constitucional y asuntos públicos, buscaría forzar a los grupos criminales al cometimiento de errores.
“El objetivo es que el enemigo cometa la torpeza de anticiparse”, dijo Santos este miércoles a la cadena Ecuavisa. “El Comando Sur ya se encuentra realizando operaciones conjuntas con el país. Y cuenta con un sistema de tecnología para interceptación de datos y comunicaciones”.
A su criterio, el anuncio empuja a estructuras delictivas a mover dinero, armas, drogas y personal en un contexto de creciente desconfianza interna, de rivalidades y fragmentación criminal, lo que deja rastros y los puede terminar exponiendo por la vía de interceptaciones telefónicas, anotó.