Una estructura paralela, con roles asignados, operaba en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), reveló el caso Jaque, en el que varios funcionarios se acogieron al derecho del silencio mientras otros declararon que su función «era satisfacer al director», pues «el que no colabora lo botan».
El caso Jaque surgió en julio de 2025 por una llamada anónima que denunciaba la venta ilegal de licencias en USD 250, renovaciones y permisos de operaciones de líneas de transporte por USD 40.000 y matriculación de vehículos. El 30 de enero de 2026, un operativo en varias ciudades dejó 10 procesados, nueve detenidos, entre ellos el director de la ANT, Pedro Abril.
A casi un mes de los 23 allanamientos realizados por la Policía, empleados revelaron los roles asignados en el caso Jaque. Uno de ellos, identificado como jefe de una oficina de Atención al Usuario de la ANT, relató que “el coordinador de la situación es Rodrigo y que solo hacía renovaciones con documentos chuecos”.
“Hay dos grupos, el grupo del Rey y el grupo de Miguelito, pero son intermediarios, por eso no convenía hacer pocos trámites, porque de los USD 3.000 semanal que ellos piden, dicen que USD 2.200 es para el jefe y se quedan con la diferencia”, señaló uno de los detenidos.
Según el funcionario, la cuota semanal era de 60 trámites, por disposición de alias ‘Pedrito’, quien se quejaba de que oficinas como las de Imbabura no reportaban una cantidad que le satisficiera. “Alias Pedrito había mandado a ver qué pasa, porque esa dirección no le satisface lo que están dando y por eso está jodido”, señaló en el expediente del caso Jaque.
El mismo funcionario informó que en una ocasión le habían pedido 50 trámites para atender, pero los interesados “habían quedado de ir el lunes, pero ya no han regresado”, razón por la cual estaba preocupado, pues en la ANT “si no colaboran, lo botan”.
Otra funcionaria reveló que su función dentro de la red era “realizar trámites personales, por los que le pagan, captar clientes, coordinar con otras agencias y la coordinación del grupo”, mientras que otra “facilitaba las cuentas para depositar los pagos y gestionaba los trámites”.
Otro funcionario, que ocupaba un cargo de jefatura en una agencia de la ANT, era el encargado de “habilitar el sistema informático para la emisión de las licencias, y disponía que no se atienda a los usuarios de la agencia sino a los que pagaban de forma personal”.
Con estas versiones, la Fiscalía ratificó su solicitud de prisión para el director de la ANT, pues argumentó que “si el directivo queda libre en el presente caso, puede borrar registros en el sistema de la ANT y que, igualmente, puede presionar o amenazar a los funcionarios de menor jerarquía, que son testigos claves”.