Que la sentencia de Aquiles Álvarez se acerque en plena Nochebuena, este 24 de diciembre, no es una coincidencia menor, mientras el país se prepara para una fecha de compartir en familia, Guayaquil mira a su alcalde responder ante la justicia. Álvarez ha pedido que su sentencia sea transmitida por plataformas digitales, intentando vestir de “transparencia” un proceso que no se resuelve con cámaras encendidas, porque la transparencia real no está en la transmisión, sino en las respuestas.
Y esas respuestas siguen girando alrededor de una pregunta incómoda: qué pasó con los 94 millones de dólares investigados en el Caso Triple A, un caso que, según la Fiscalía, estaría relacionado con el presunto tráfico de diésel subsidiado con destino al contrabando a las fronteras.
Hablamos de recursos públicos destinados a sectores estratégicos y a quienes más los necesitan, subsidios creados para aliviar cargas sociales, no para alimentar redes irregulares ni negocios privados. Por eso resulta insuficiente convertir la sentencia en un acto mediático, cuando lo que el país exige es claridad, responsabilidad y consecuencias, pedir cámaras no borra expedientes, transmitir una audiencia no explica cómo un subsidio social habría terminado según la acusación en rutas de contrabando.
La sentencia que se aproxima no solo marcará el futuro del alcalde, marcará también un precedente.