La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) reveló detalles del caso conocido como “AAA”, una presunta trama de comercialización ilegal de combustible subsidiado que generó un daño económico al Estado ecuatoriano superior a los 94 millones de dólares.
En entrevista con el programa Contacto Directo de Ecuavisa, el director ejecutivo de la ARCH, Cristian Puente García, explicó que la investigación comenzó en 2023 tras detectar comportamientos atípicos en 455 estaciones de servicio con demandas irreales de combustible. Una alerta del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el incremento injustificado en el pago de subsidios permitió filtrar 233 estaciones sospechosas, a las que se limitaron cupos, se iniciaron procesos administrativos y se presentaron denuncias penales.
El núcleo del caso AAA involucra a las empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a su primo . Según Puente, las compañías Copedesa (segmento automotriz), Corpalubri e Indudiesel (segmento industrial) y Ternape (segmento naviero) compartían los mismos beneficiarios finales.
La irregularidad principal consistió en vender combustible subsidiado destinado al segmento automotriz y naviero en el segmento industrial, donde no existe subsidio. Esto generaba un beneficio ilícito de más de un dólar por galón en el caso del diésel automotriz y aproximadamente 25 centavos en el naviero.
Puente enfatizó que las comercializadoras tienen la obligación legal y contractual de controlar que el combustible llegue al segmento y usuario final correcto. “No es aceptable que un representante legal alegue desconocimiento de lo que ocurre en sus estaciones, incluso en provincias lejanas”, señaló, recordando que la ley y los contratos con Petroecuador exigen un control activo.
Entre las evidencias citadas destacan ventas cruzadas prohibidas entre segmentos, como de estaciones automotrices a depósitos industriales, y casos extremos como un Chevrolet Cruze que registró supuestamente 145.000 galones cargados en cuatro años, lo que implicaría ocho visitas diarias ininterrumpidas a gasolineras, algo físicamente imposible.
Adicionalmente, la ARCH identificó 10 millones de galones despachados al segmento naviero entre 2020 y 2024 sin facturación ni constancia de almacenamiento, cuyo destino final no ha podido determinarse. Puente aclaró que esto podría configurar contrabando transfronterizo y requeriría investigaciones separadas.
La ARCH actúa como acusadora particular en el proceso penal por el delito tipificado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (comercialización ilegal de hidrocarburos). El funcionario indicó que el perjuicio calculado asciende a 94 millones de dólares y será objeto de pericia en la audiencia de juicio.
Puente subrayó que las denuncias no se limitan al caso AAA, sino que abarcan irregularidades detectadas en varias provincias del país, demostrando que el desvío de combustible subsidiado es un problema estructural que afecta las finanzas públicas.