Tres semanas después del revés electoral en la consulta popular y referéndum, el gobierno de Daniel Noboa, a través de la bancada legislativa Acción Democrática Nacional (ADN), presentó una primera enmienda para reformar la Constitución de Ecuador.
La asambleísta por Carchi, Lucia Pozo, anunció el 8 de diciembre de 2025 en Quito un proyecto que se centra básicamente en reestructurar la normativa legal sobre el estatus de «grupo de atención prioritaria» para los privados de la libertad en el país.
La propuesta de ADN contiene cuatro artículos, el primero plantea cambios en el artículo 35 de la Constitución que señala que las personas que tendrán atención prioritaria del Estado son: » adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad».
El cambio o enmienda en este artículo sería la eliminación de la frase «personas privadas de la libertad».